EscucharNadie está a salvo. La investigación abierta contra el presidente de la República a partir de una denuncia anónima, sin base probatoria ni coherencia argumental, es una invitación del Ministerio Público a los canallas e irresponsables para acercarse a abrir expedientes judiciales contra cualquiera, sin correr riesgo y sin rendir cuentas de su infamia.
Serán escuchados y sus calumnias trascenderán a la prensa. Cuando los periodistas pregunten, la fiscala emitirá un comunicado sobre las diligencias ordenadas e informará, con toda solemnidad, el número de expediente asignado a la causa. Así, la noticia adquirirá inmerecida relevancia y la infundada denuncia, un halo de legitimidad.
En el caso concreto, la instrucción de investigar emanó del más alto nivel del Ministerio Público. La generalidad de la orden se corresponde con la inexistencia de un punto de partida creíble para las indagaciones y la monumental ridiculez de la única diligencia sustanciada en casi medio año desde la presentación del libelo: la recopilación de seis recortes de periódicos ofrecidos como “prueba” de las más horrendas acusaciones, aunque ninguno de ellos hace alusión a una irregularidad.
Políticos a la usanza tradicional no pueden abstenerse de sacar provecho. Solo un idiota confundiría la “denuncia” con un legítimo motivo de investigación, pero la existencia de un expediente judicial da margen para proclamar la necesidad de iniciar un proceso parlamentario. Lo importante es el titular de mañana. La verdad aguará la fiesta más tarde; demasiado tarde para los afectados.
Para justificar la temeraria acusación y el espectáculo político, algunos legisladores exhiben su ignorancia. Todos tenemos derecho a denunciar, afirman con obvio desconocimiento de las penas previstas para la denuncia calumniosa. Existe el derecho de denunciar delitos, contravenciones y faltas administrativas, pero no infundios. La Fiscalía, por su parte, está obligada a cerrarles el paso para evitar perjuicios a personas e instituciones, en lugar de alentarlos.
En procura de ventaja a corto plazo, los legisladores entusiasmados con la posibilidad de montar un espectáculo político desestiman el peligro de un Ministerio Público desbocado o irreflexivo. Ese debería ser el objeto de análisis, si no para preservar la democracia, por lo menos por temor a ser, el día de mañana, víctimas de una patraña. Nadie lo dice. Hay miedo y, a juzgar por los hechos, está justificado.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
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