El presidente Donald Trump cuestiona el elevado precio económico de las medidas sanitarias impuestas para combatir el coronavirus, recuerda la importancia de no aplicar remedios más nocivos que la enfermedad y pide tener a la economía en pie cuando llegue la Pascua. En línea con el mandatario, un numeroso grupo de sus más cercanos asesores protesta por la preeminencia del criterio médico en la definición de políticas públicas adoptadas para enfrentar la covid-19.
En los Estados Unidos, como en Costa Rica y el resto del mundo, la pandemia tiene el doble carácter de emergencia sanitaria y crisis económica. Un buen orden de prioridades es entregar el timón a los médicos y llamar a los economistas para lidiar con las consecuencias de las decisiones indispensables para preservar la salud.
No es que el deterioro económico carezca de importancia. La miseria también mata, pero la orden del día es la emergencia sanitaria. Nuestro país tiene las prioridades bien alineadas, como lo demuestra el predominio del sistema de salud y sus líderes en las decisiones de las últimas semanas.
Mientras las medidas sanitarias producen sus efectos —benéficos para la salud y recesivos para la economía— hay decisiones impostergables en el segundo campo. La Asamblea Legislativa debate, quizá con demasiada prisa, una lista de iniciativas orientadas a paliar la crisis económica. A primera vista, todas parecen apropiadas, y en eso estriba el peligro. Mal consideradas, o aprobadas a la carrera en homenaje a su buena apariencia, pueden resultar desastrosas.
El criterio experto no solo hace falta para diseñar las propuestas, sino para sonar la alarma cuando asome un lobo con piel de oveja. La repartición del Fondo de Capitalización Laboral es un buen ejemplo. A simple vista, parece inobjetable la devolución de los ahorros cuando tanto se necesitan, pero los fondos están invertidos en bonos, con la buena intención de producir rentas y con la certeza de tener liquidez en la fecha programada de devolución al ahorrante. Venderlos por anticipado, cuando los mercados los valoran mal, es incurrir en graves pérdidas.
El ejemplo tiene otras complejidades, pero valga la citada para resaltar la necesidad de proveer a los diputados criterios técnicos. Uno de ellos me confesó, con admirable honradez, sentirse ayuno de asesoría en las circunstancias en que se han visto obligados a trabajar. Urge corregir la deficiencia porque un mal remedio sí puede ser peor que la enfermedad.
agonzalez@nacion.com
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
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