EscucharSindicatos del Poder Judicial promueven la contratación de una firma de servicios jurídicos y cabildeo para demandar al país ante los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. El objetivo es defender pluses salariales, pensiones y otros beneficios limitados por recientes reformas legislativas.
A ese efecto, los interesados contribuirán entre $550 y $1000, según sus ingresos, para pagar la asesoría profesional y gastos, incluidos viajes a Ginebra, Estrasburgo, Washington y San José, sedes de los organismos ante los cuales plantearán las gestiones. Los dirigentes esperan reunir a unos 800 participantes.
Es difícil saber si el aspecto más preocupante de la iniciativa es la obcecada defensa de beneficios insostenibles para la economía nacional o el extraño concepto del derecho entre quienes deberían tener profundo conocimiento de la materia. El número de participantes lo podremos precisar cuando termine la recolecta de adhesiones, pero cuantos más sean, y de más alto rango, más motivos tendremos para inquietarnos.
La ilusoria pretensión implica la sustracción de la política fiscal del ámbito de decisión soberana de los Estados. Los pluses salariales y las pensiones de privilegio serían inmutables porque de alguna manera estarían protegidas por el derecho internacional humanitario.
Por si fuera poco, el movimiento también aspira a enervar el derecho de cada nación a ordenar sus instituciones según la voluntad de sus pueblos, expresada mediante representantes electos. Una de las aspiraciones, ejemplar en cuanto a los desatinos de la iniciativa, es frenar la propuesta de reducir el plazo de nombramiento de los magistrados a cinco años con una sola oportunidad de reelección si dos terceras partes del Congreso votan para concederla. La iniciativa es, desde todo punto de vista, inconveniente y La Nación está entre las primeras voces opuestas, pero no guarda relación alguna con los derechos humanos, salvo una conexión indirecta que podríamos hallar en casi cualquier cosa.
Hace unos años, Luis Paulino Mora, entonces presidente de la Corte, pronunció un memorable discurso sobre la judicialización de la política. “Lo que no se obtiene en la arena política o por medio de las luchas sectoriales, termina siendo discutido y reclamado en estrados judiciales”, lamentaba el recordado el jurista. La iniciativa de los sindicatos judiciales lleva ese vicio a una dimensión insospechada, allende las fronteras.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
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