La impertinencia de los magistrados de la Corte Plena en defensa de privilegios salariales se pasó de la raya. En el 2018, y este año, han entorpecido toda reforma que apunte a sanear las finanzas públicas. Lo hicieron contra la ley fiscal y lo hacen contra la del empleo público, a las que han puesto obstáculos para evitar la aprobación.
Por eso, la Corte Plena tiene bien ganado el calificativo de actuar “como un sindicato”, como dijo el ministro de Hacienda, Elian Villegas. Su frase es irrebatible. La Corte “está fallando a la historia, le está fallando al país, porque está defendiendo más los intereses internos del Poder Judicial, de los trabajadores, de ellos mismos como magistrados, que los intereses de todo un país”.
La reforma del empleo público no reduce salarios ni prohíbe alzas, solo anula las dispares remuneraciones creadas por cada institución. De aprobarse, el Estado ahorrará ¢400.000 millones al año. La Corte Plena, sin embargo, cae en la necedad.
Ahora, por segunda vez, rechaza el plan, pese a que la Sala Constitucional emitió criterio el 31 de julio y los diputados adaptaron el texto a la resolución. ¿No entienden? Dichosamente, la Sala IV impone el respeto a la Constitución Política.
No debería ser así, por tratarse de magistrados, pero la Sala IV tuvo que enterarlos sobre el principio de sostenibilidad fiscal ordenado en el artículo 176 de la Constitución, el cual dice que en ningún caso los gastos del presupuesto nacional pueden superar los ingresos probables.
Además, ha sido clarísima acerca de la necesidad de efectuar “un sano manejo de las finanzas públicas” para que el Estado social de derecho persista y cumpla sus fines. ¿Por qué, con palabras tan claras, no entienden?
Todo está dicho. Los magistrados de la Corte Plena, antes de entrabar la eliminación de privilegios, deben pelear por lo que beneficia al ciudadano: la justicia pronta. Ahí, están en deuda. Ahí, no arman zaperoco, pese a que la demora judicial es el talón de Aquiles que mina la imagen del Poder Judicial.
Es inconcebible que un ministro tenga que salir a recordarles que su misión de magistrados no debe confundirse jamás con la sindical. ¿Les dará pena?
Ingresó a La Nación en 1986. En 1990 pasó a coordinar la sección Nacionales y en 1995 asumió una jefatura de información; desde 2010 es jefe de Redacción. Estudió en la UCR; en la U Latina obtuvo el bachillerato y en la Universidad de Barcelona, España, una maestría en Periodismo.
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