Continúa el destape de la realidad del Consejo Nacional de Producción (CNP). Primero, resulta que paga muy caro los productos que intermedia en las compras para otras instituciones públicas. Luego, sale que cobra un margen sumamente elevado por la labor de intermediario que hace. Una labor, por cierto, muy escasa, ya que los proveedores son quienes tienen que asumir los costos de llevar los productos a cada punto de entrega.
De lo único que se encarga el CNP es de escoger a los proveedores y pagarles. Tras de eso, esto último no lo hace bien, pues las instituciones le pagan al CNP a un plazo de 30 días, como máximo, y los proveedores deben esperar 90 o más días para recibir el dinero de la venta a la entidad estatal.
No hay manera de justificar que a escuelas, comandancias, cárceles y hospitales les cueste más caro comprarle al CNP que en el supermercado o la pulpería. El precio de venta al público en esos establecimientos incluye todos los costos que implica llevar un producto hasta los clientes, más un margen de ganancia para el o los intermediarios que participan en la cadena logística.
Encima de todo esto, La Nación nos revela que la mayor parte de las compras, el CNP no las efectúa a productores pequeños, sino a grandes intermediarios. Ahí, se cae el argumento de los funcionarios del CNP, que afirman que se justifica pagar caro porque es en beneficio de los pequeños productores. No es cierto.
A fin de cuentas, el sistema de sobreprecios del CNP implica que nosotros terminemos pagando más impuestos para sostener un programa que se supone ayuda a los pequeños productores, pero, en la realidad, la mayor parte de ese dinero va a parar a manos de unos pocos.
Si el objetivo es tener una intermediación ágil y eficiente para que instituciones públicas compren los productos que necesitan al más bajo costo posible, se podría utilizar un sistema tecnológico moderno de compras. Eso ya está en funcionamiento en el sector público y se llama Sicop.
Si el objetivo es ayudar económicamente a pequeños productores, se puede hacer a través de un programa social para que cada productor reciba un cheque mensual. Habría que publicar los nombres de los beneficiarios con el fin de que todos estemos enterados de quienes reciben la ayuda. Sería más barato y transparente que el sistema de sobreprecios actual. Para ninguno de los objetivos anteriores se necesita tener una institución como el CNP.
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El autor es economista.