El corralito de las pensiones

Estas restricciones tendrían como único efecto que las operadoras de pensiones complementarias (OPC) inviertan más recursos en títulos del Gobierno, dada la ausencia de otro tipo de instrumentos bursátiles locales.

Las limitaciones a las compras de dólares que ahora el Banco Central intenta aprobar se suman a otros esfuerzos que ha promovido con el mismo fin, por ejemplo, en años recientes, favoreció el aumento del límite de inversión de los fondos de pensiones en títulos del sector público del 70 al 85 % de la cartera.

Lo anterior se combinó con la eliminación de la obligatoriedad de valorar las carteras a precios de mercado para que los fondos de pensiones no tuvieran que reportar a sus afiliados las pérdidas de un emisor tan riesgoso como el Gobierno de Costa Rica, las cuales han sido calificadas internacionalmente como altamente especulativas.

El presidente del BCCR indicó, en la presentación del informe de política monetaria de octubre, que uno de los causantes de la devaluación del colón son las inversiones que hacen los fondos de pensiones para diversificar sus carteras en el exterior. No obstante, es el propio BCCR el que ha provocado que los fondos de pensiones salgan a invertir en el exterior, al igual que sucede con todo inversionista prudente, pues la política monetaria expansiva ha llevado la tasa de interés a niveles históricamente bajos, e incluso hoy la tasa por ahorrar en colones es negativa a algunos plazos, ante el repunte de la inflación.

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Uno puede cuestionar o no el esfuerzo del BCCR por intentar disminuir la tasa de interés para promover el crecimiento económico en una época difícil para el país, pero ello no debe ocurrir cargándoles el costo a los futuros pensionados.

A pesar de lo anterior, está claro que el mayor beneficiado con la política monetaria expansiva ha sido el gobierno, que ha logrado financiar su déficit, no solo a un menor costo, sino también con la mayor disposición de crédito que el BCCR le ha brindado a través de los bancos comerciales.

Por su parte, el crédito para el sector privado sigue prácticamente estancado, y es en este ambiente en el cual el Banco Central pretende acorralar los fondos de pensiones.

El propósito del BCCR es limitar las compras de dólares de los fondos de pensiones para que se realicen solo a través de Monex. Esta medida es groseramente ilegal y el BCCR lo sabe, pues el inciso a del artículo 60 de la Ley de Protección (LPT) indica que “los recursos de los fondos no estarán sujetos a las disposiciones de regulación del Banco Central de Costa Rica”. ¡Más claro no puede ser!

De hecho, este inciso no estaba incluido en el primer proyecto de a LPT, pues surgió de la discusión en comisión legislativa, donde se decidió sabiamente incorporarlo para eliminar toda presión febril del momento que intentara encajar los fondos de pensiones.

Además, el control cambiario propuesto por el BCCR daría fin a reformas modernas impulsadas por la Superintendencia de Pensiones para mejorar los rendimientos de los fondos mediante la incursión en esquemas de inversión intergeneracionales. Pero la limitación a las compras de dólares no solo afecta a las operadoras de pensiones, también va contra el fondo de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual, luego de décadas, ha atinado a diversificar su cartera en el exterior.

Del mismo modo, el BCCR pretende ahora contrarrestar el trabajo de los diputados que aprobaron hace unos meses una modificación de la ley del magisterio nacional para que este pudiera invertir una porción del portafolio en el exterior, después de muchos años de esfuerzo por lograr esta reforma.

Junto con la limitación de las compras solo a través de Monex, el BCCR también pretende limitar la cantidad de dólares que las entidades del sector público no bancario pueden adquirir y, si se exceden en la cantidad antojada por el BCCR, regirá un tipo de cambio diferenciado (mayor). Esto marca un retroceso en el manejo de la política cambiaria de décadas, pues se regresa a los tipos de cambio múltiples de los años 80, tan comunes hoy día en países como Argentina y Venezuela.

Desde la promulgación de la LPT, los fondos de pensiones de Costa Rica se duplican cada 4 o 5 años. En la actualidad, los recursos administrados crecen más de $2.000 millones cada año. Ello significa que, cuando menos, $1.000 millones deben buscar inversiones en el exterior en vista de la poca profundidad del mercado nacional. Estas son las restricciones que el BCCR debería incorporar dentro de sus modelos a la hora de planificar su política monetaria.

El presidente del BCCR indicó que le gustaría que los fondos de pensiones invirtieran más en infraestructura. ¡Todos queremos eso! Con un orden, por supuesto, para evitar casos como Cochinilla y Diamante. Pero ¿cuál ha sido el liderazgo del BCCR para promover reformas en el mercado de valores que faciliten los procesos de inscripción de ese tipo de inversiones? Mientras ello no ocurra, todo esfuerzo para acorralar las inversiones es igual que ponerles un impuesto a los rendimientos de los fondos de pensiones.

Si el BCCR desea estabilizar el mercado cambiario, debería hacerlo ajustando la tasa de interés, en lugar de infligir un daño a la rentabilidad de los fondos de pensiones y, peor aún, incurriendo en actos que podrían catalogarse contrarios a la ley.

edgar_robles@yahoo.com

El autor es economista, exsuperintendente de pensiones.