Estados Unidos lucha contra el flagelo de los opioides, conjunto de drogas en extremo adictivas y tan abundantes en el mercado negro que reclaman un lugar destacado en el debate público, incluidas las últimas campañas presidenciales. Los opioides sintéticos están entre las causas más frecuentes de muerte por sobredosis, primero por el abuso al recetarlos, sobre todo cuando no había plena conciencia de su potencial dañino, y luego por el deleznable negocio del narcotráfico.
Un opioide en particular, el fentanilo, destaca por su participación en más del 60 % de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Hace una década solo se le detectaba en el 14 % de esas tragedias. Es similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Por eso, se le utiliza para tratar dolores crónicos de pacientes con tolerancia a otros opioides.
A la producción de fentanilo para uso legal se suma la fabricación clandestina. El abuso se nutre especialmente de esta última, pero la liberalidad de las recetas ha sido una fuente del uso inapropiado de la droga durante años. Ahora, el fentanilo se les administra a los pacientes graves de covid-19, necesitados de intubación. Así, fue como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se vio obligada a repasar sus inventarios y descubrió la posibilidad de un uso irregular.
Una donación de El Salvador ayuda a paliar la escasez inmediata, atribuida también a la demora de nuevas adquisiciones, pero las sospechas suscitadas por el análisis del inventario bastó para abrir una investigación «de alta complejidad», según la caracterizó la Auditoría Interna de la CCSS, en las farmacias de los hospitales Calderón Guardia, México y San Juan de Dios.
Las pesquisas deben persistir hasta hallar todas las respuestas, no por sus implicaciones en el ámbito de la corrupción administrativa, sino, ante todo, por la grave amenaza para la salud pública. El fentanilo, además de potente y adictivo, es fácil de trasegar. Narcotraficantes chinos lograron introducirlo en Estados Unidos y Canadá mediante el correo, en discretos sobres, no voluminosos paquetes.
Ya en el 2019 el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) alertó del consumo ilegal de opioides en un grupo específico de profesionales, pero declinó describirlos por falta de pruebas suficientes. La alarma de aquel momento podría hallar justificación en las investigaciones de hoy. Es indispensable identificar con prontitud la extensión de la amenaza.
Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.
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