De frente: Laboratorios de democracia

En Costa Rica, tenemos un sistema de gobierno unitario. Sin embargo, en las últimas dos décadas, la tendencia ha sido otorgarles más recursos y competencias a las 82 municipalidades, en aras de descentralizar el país y que la toma de decisiones sobre la provisión de ciertos servicios públicos sea lo más cercana posible a los ciudadanos. La tesis es que esto permitirá un mejor control y rendición de cuentas.

Aun así, el rango de acción de los gobiernos locales sigue siendo muy limitado y, obviamente, palidece en comparación con el que disfrutan gobiernos estatales y municipales en otras latitudes. No obstante, la introducción de la figura de alcalde y la separación de las elecciones locales de las nacionales ha aumentado el interés sobre las prerrogativas que tiene una municipalidad para hacerles la vida más fácil —o más miserable— a sus ciudadanos.

Por eso, ahora que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina, no estaría mal atizar un mayor sentido de competencia. En lugar de la balcanización impositiva y regulatoria que a veces prevalece, en la cual las municipalidades inventan regulaciones y tributos engorrosos y dispares, la idea es que adopten las mejores políticas y prácticas en aras de competir por la inversión y la generación de empleos.

Afortunadamente, en la última década, han salido varias publicaciones que promueven esta dinámica, como el índice de gestión municipal de la Contraloría o el ranquin de efectividad municipal del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Ningún gobierno local quiere salir malparado en estas mediciones. La única manera de evitarlo es simplificando trámites y haciendo más eficientes sus procesos administrativos, lo cual, muchas veces, implica copiar las cosas que otras municipalidades están haciendo bien. La competencia siempre es buena.

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El autor es analista de políticas públicas.