Juan Carlos Hidalgo. 17 marzo

La métrica por excelencia para juzgar la viabilidad, y seriedad, de un plan es su análisis de costo-beneficio. Así, determinamos si un gasto es en realidad una inversión, es decir, si dará en el futuro los réditos que lo justifiquen. En ese sentido, el Plan Nacional de Descarbonización (PND) no llega ni a primera base. En sus 102 páginas ni siquiera hay una mención de cuánto le va a costar al país. ¿Es mucho pedirle ese dato a un plan cuya modesta aspiración es “transformar la economía”?

Una nota reciente de The New York Times sobre el PND menciona un “cálculo bruto inicial” de $6.500 millones para los próximos 11 años. No queda claro el origen de la cifra, en qué se gastaría el dinero, ni la proporción que le correspondería al Gobierno y al sector privado. Mucho menos dice de dónde saldrá la plata. Para ciertos actores, estas interrogantes son una majadería, pues el objetivo es salvar al planeta, pero se trata de preguntas ineludibles para un país cuyas finanzas estatales están en la lipidia.

El problema fundamental del PND es que las “inversiones” planteadas no se diseñaron con criterios de costo-beneficio, sino con el objetivo –irrealista– de alcanzar la descarbonización de la economía. De tal forma, el plan rechaza adoptar tecnologías que, si bien reducen las emisiones, no las eliminan por completo. Por ejemplo, el gas natural es una fuente de energía limpia y económica, pero el PND lo descarta por no ser 100 % libre de emisiones. El populismo energético es un sinsentido que le saldrá caro al país.

Tampoco caigamos en la trampa de creer que los empleos generados por la introducción de energías limpias equivalgan a reactivación económica. Si esos puestos se materializan gracias a cuantiosos subsidios estatales –como es probable que sea–, el costo de oportunidad de esos recursos puede ser muy alto. Estudios en Dinamarca, España, Italia y el Reino Unido muestran que por cada “empleo verde” creado en esos países, no se generaron varios tantos más en otros sectores de la economía.

Por supuesto, siempre existe la tentación de juzgar una iniciativa únicamente por sus intenciones. Esa ha sido la reacción general hacia el PND. Pero no olvidemos la máxima de que el diablo está en los detalles.

El autor es analista de políticas públicas.