Fue imperdonable lo que pasó. Hace un año, el país estaba sumido en el caos producido por la huelga de 89 días contra el entonces proyecto de reforma fiscal.
Trabajadores a las órdenes de dirigentes sindicales sin conciencia social atentaron contra la población más vulnerable, los más pobres, quienes dependen de los servicios estatales para estudiar, comer o recibir atención médica. Anteponiendo intereses personales, causaron que cientos de personas perdieran sus empleos, sobre todo los empleados en pequeños negocios como librerías, fotocopiadoras, sodas, restaurantes y agencias de viajes que sufrieron la caída de las ventas.
En las semanas de anarquía, hubo atentados terroristas contra la red de distribución de combustibles, la Cámara de Comercio reportó que el 18 % de los comercios despidieron trabajadores. Recope cuantificó pérdidas por ¢5.000 millones en los primeros 24 días y la CCSS, ¢12.000 millones por los 26 días de paralización. Así, cada uno sumó, sin contar el daño a escolares y colegiales por la merma del 35 % del curso lectivo, lecciones nunca repuestas. Los sindicalistas, por defender privilegios, hicieron más honda la brecha entre estudiantes de centros públicos y privados. Un año después, cosechan lo sembrado en los meses de barbarie. Nunca como en esos días la mayoría de los costarricenses se hartaron tanto de las huelgas, al punto que en la Asamblea surgieron proyectos de ley para evitar el abuso. Hoy, un proyecto consensuado está próximo a ser votado en segundo debate con la bendición de la Sala IV.
Hay que reconocer a la mayoría de los diputados que, pese a presiones, bloqueos y huelgas de sindicalistas, sostuvieron el proyecto. Legislaron para la mayoría y los más vulnerables porque las huelgas a quienes más perjudican en forma directa es a los habitantes con menos dinero. A ellos, los usan como carne de cañón.
Una minoría de diputados, incluso autodenominados “cristianos”, negaron votos por lo que son… populistas. Los legisladores no deben dudar de que la mayoría de los costarricenses les agradecen porque, al fin, las huelgas tendrán límites. Desgraciadamente, tuvimos que vivir 89 días de caos para que el cambio se diera. Tanta maldad sindical llevó al hartazgo y a la aprobación de la ley.
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Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.