Armando Mayorga. 9 enero

El día que firmamos, prometí ser fiel en los pagos tanto en la riqueza como en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Ofrecí cuidarla (y nunca perderla), pero nunca juré estar con ella hasta que la muerte nos separe.

Pero hoy, ella no quiere dejarme ir, me quiere tener amarrado y eso me atormenta la vida. Fui un sábado al banco, hice fila sentado y, a los 10 minutos, me llamaron. Dije claramente: “Quiero cerrar la tarjeta de crédito”.

El día de la “boda”, al firmar el contrato para entregarme el plástico, cuidaron cada detalle en la cortesía; querían verme en persona, copiar mi cédula...

No pude. El oficial de servicio al cliente me advirtió de que eso es imposible en persona porque el trámite es por teléfono. “¿Que qué?”, fue lo único que se me ocurrió cuestionar. “Esa es la orden del banco” (privado) y el oficinista se negó a dar el servicio.

Solo me dio el número para llamar. Pasé por uno, dos y un tercer operador y tampoco pude porque solo peros. Todavía sigo amarrado a una tarjeta de crédito por la cual cobran membrecía (si llamo, me devuelven el monto); el “valor de la tarjeta titular” que solo ellos saben qué es; seguro, costos administrativos, una tasa hasta del 50 % anual; y cuanto invento más hace el banco para sacarme plata.

Los abusos de los operadores de tarjetas de crédito son mayúsculos y ninguna ley o reglamento han logrado pararlos. Por ejemplo, el procedimiento para retirarse como cliente no está definido y son ellos, a conveniencia, los que dictan las reglas: no se puede en persona, y por teléfono, tampoco... ¡me quieren atar a ellos hasta la muerte!

De hecho, son contradictorios. El día de la “boda”, al firmar el contrato para entregarme el plástico, cuidaron cada detalle en la cortesía; querían verme en persona, copiar mi cédula... Pero, para romper el contrato, rehúsan darme la cara, rechazan mi cédula y me dirigen a un teléfono. Es arbitrario.

¿Quién nos defiende de tales abusos? En este momento, nadie, porque la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor y el Reglamento de Tarjetas de Crédito, n.° 35867, del Ministerio de Economía, solo regulan el “matrimonio” de la tarjeta, pero se olvidaron del “divorcio” y lo dejaron en manos de la parte con más colmillo y poder: los emisores.

En un país de 2,9 millones de tarjetas, este y otros vacíos legales son imperdonables.

Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.