Resulta evidente que a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo Sancho, se le agotó el caudal de credibilidad requerido para desempeñar un puesto de tal envergadura.
Sus actuaciones en el manejo de la investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) la tienen sometida a una intensa rayería dentro y fuera de la Defensoría.
Los diputados, quienes la nombraron en el cargo hace menos de siete meses, ya comenzaron a manifestar su insatisfacción y disconformidad con el desempeño de Crespo.
De hecho, ocho legisladores propusieron crear una comisión especial en el Congreso para investigar a la funcionaria y determinar si procede su destitución.
La iniciativa tomó fuerza durante una comparecencia de la defensora, quien acudió al plenario legislativo la semana pasada a presentar su primer informe de labores.
Crespo llegó a Cuesta de Moras perseguida por los cuestionamientos por el extravío de un audio con parte de una entrevista que le hizo al presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre la UPAD.
Debido a lo anterior, según relataron funcionarios de la Defensoría, el informe presentado por la jerarca acerca de este caso tuvo que elaborarse sin escuchar las declaraciones del mandatario.
Por otra parte, se le reprocha el hecho de que el audio no fue grabado con un equipo institucional, sino con el teléfono celular del jefe de Prensa de la entidad.
Además, se cuestiona que la funcionaria reveló el extravío del material dos meses después de enterararse de lo ocurrido y el tiempo transcurrido para que el hecho fuera notificado al Ministerio Público.
Lo ocurrido ha generado muchas dudas en lo interno de la Defensoría. De hecho, el Consejo de Directores y Directoras pidió cuentas a la jerarca sobre la investigación,
Recientemente, un grupo de 54 funcionarios le solicitaron renunciar porque sus actuaciones perjudican la imagen de la institución y generan desconfianza en el pueblo.
No cabe duda de que la defensora de los habitantes se encuentra ahora en una posición muy complicada. De investigadora pasó a ser investigada; de fiscalizadora, a fiscalizada.
Sin el apoyo de sus jefes y sin el de su propia gente, resulta difícil imaginar que ella pueda concentrarse en su tarea fundamental de velar por los derechos del ciudadano.
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