EscucharA mediados del 2007, siendo ambos ministros del Gobierno de Chile, recibimos la llamada telefónica que hoy temen todos los políticos y empresarios alemanes: fuimos informados de que el suministro de gas natural proveniente de Argentina, el único proveedor de nuestra nación, cesaría de la noche a la mañana.
Al igual que Alemania, Chile dependía en extremo del gas importado para generar electricidad, suplir de combustible a las plantas industriales y calefaccionar los hogares.
El golpe, por lo tanto, pudo haber sido devastador. Pero gracias a un conjunto de medidas de emergencia, Chile logró salir adelante.
Este episodio ofrece lecciones útiles para Alemania y otros países europeos que pronto pueden dejar de tener acceso al gas ruso, ya sea porque deciden dejar de subsidiar la agresión rusa o porque el Kremlin opta por enviar su gas a otros lugares.
Durante la primera década de este siglo, el gas natural importado era para Chile la primera etapa en la transición hacia una economía verde.
Variación del precio
Tras la firma en 1995 de un acuerdo con Argentina, las empresas y el Gobierno de Chile invirtieron miles de millones de dólares para permitir que la economía funcionara con gas natural en lugar de fuentes energéticas más sucias, como el carbón y el diésel.
Estas inversiones se tradujeron en la construcción de siete gasoductos a través de los Andes, y también en infraestructura para la distribución del gas en la mayoría de las ciudades grandes.
Poco después surgieron centrales eléctricas de gas, de ciclo combinado, a lo largo de todo el país.
Todo marchaba bien hasta que, por razones políticas, las autoridades argentinas permitieron que el precio de su gas natural se rezagara respecto de la inflación.
Las consecuencias fueron predecibles: las empresas petroleras y de gas argentinas redujeron la inversión y el suministro, mientras que el consumo de fábricas y hogares se disparó.
Hubo un breve lapso en que se decía que el gas era tan barato que la gente prefería abrir las ventanas a bajar el termostato cuando una habitación se sobrecalentaba.
Crisis chilena
Al poco tiempo Argentina se vio sin el gas suficiente para suplir sus propias necesidades, lo que llevó al gobierno peronista a hacer lo que los gobiernos peronistas suelen hacer: romper un acuerdo.
Los envíos de gas desde Argentina habían oscilado desde el 2004, cuando el país empezó a tener dificultades con su suministro interno, pero a mediados del 2007 más del 90% del gas contemplado en el acuerdo simplemente dejó de llegar.
Chile enfrentó entonces la tormenta perfecta. Una sequía había dejado los embalses vacíos, así es que no se podía recurrir a la energía hidroeléctrica; el petróleo se transaba a alrededor de $140 el barril, de modo que el costo de utilizar diésel u otros productos provenientes del petróleo para hacer funcionar fábricas y calefaccionar hogares resultaba inusualmente alto.
Además, el 2007 fue el año inicial de la crisis financiera global, de manera que las exportaciones chilenas a América del Norte y Europa pronto comenzarían a sufrir.
El Gobierno de Chile hizo del manejo de la crisis su prioridad inmediata. El primer paso, obviamente, era terminar con la dependencia del gas argentino.
Proceso de recuperación
Para ello aceleramos la construcción de un terminal de gas natural licuado (GNL) y empezamos la construcción de otro. La capacidad de almacenamiento de GNL no se puede construir de la noche a la mañana (la primera terminal chilena se completó hasta el 2009), pero una vez instalados los vaporizadores, la regasificación se pudo hacer con el GNL que estaba temporalmente almacenado en barcos.
Además, aceleramos la expansión de las energías solar y eólica. Cuando se produjo el shock del gas argentino, lo que se había considerado una oportunidad futura de pronto se convirtió en un imperativo urgente.
El gobierno aprobó la primera ley latinoamericana destinada a regular la energía renovable y comenzó a extender garantías de mitigación de riesgos a los nuevos inversionistas privados que suministraran energía limpia, a fin de facilitar la puesta en marcha de proyectos hídricos, solares y eólicos más pequeños.
Pero, puesto que no todas las nuevas fuentes de suministro energético podían ser verdes, el gobierno a regañadientes acordó que algunas plantas industriales y generadoras de electricidad fueran reacondicionadas para volver a funcionar con diésel.
Esto era sucio y de alto costo, pero resultó aceptable como medida a corto plazo para salvar la brecha en el suministro mientras se construían nuevas instalaciones que funcionaran con energías limpias.
Resistir las presiones políticas
Incluso así, las nuevas fuentes de suministro no eran suficientes para mantener el consumo total de energía a niveles precrisis, por lo que el gobierno lanzó una campaña nacional de ahorro de energía.
Distribuyó ampolletas de bajo consumo, proporcionó fondos para mejorar la aislación de los hogares, amplió el horario de verano y colaboró con las distribuidoras de electricidad para proporcionar subsidios transitorios a las empresas que redujeran su consumo. Así, en el curso del 2008, el consumo total de energía eléctrica se redujo en un 10%.
Un aspecto crucial fue que el gobierno de Chile logró resistir las presiones políticas para ponerle techo al precio de la electricidad y del petróleo.
Habría carecido de sentido tratar de reducir el consumo y, al mismo tiempo, mantener los precios bajos de manera artificial.
Para compensar el impacto del mayor precio de la energía eléctrica en los presupuestos familiares, proporcionamos transferencias en efectivo y subsidios a los hogares pobres por un monto similar a su gasto adicional en electricidad.
Puesto que la deuda pública chilena era muy baja y el país tenía reservas masivas en dólares, dicho gasto adicional del Gobierno no significó ningún trastorno macroeconómico o financiero.
Posibilidades para Alemania
Aparte de su muy superior poder económico, Alemania posee tres ventajas que Chile no tenía. Puede depender de instalaciones de GNL en países vecinos, como Holanda. Recurrir, de manera temporal, a centrales eléctricas de carbón o nucleares recientemente cerradas o que estaban por cerrar. O importar energía eléctrica cuando sus vecinos tengan un superávit, dado que su red eléctrica está integrada a la del resto de Europa.
Es posible sobrevivir sin el gas ruso, pero no será sin costo alguno. Durante el shock del gas argentino, estimamos que incluso con el éxito de las medidas de mitigación, el crecimiento del producto chileno se redujo un punto porcentual (según el Banco Central de Chile, la reducción fue de medio punto porcentual).
Alemania puede enfrentar costos similares y tal vez valga la pena pagar ese precio si la recompensa es liberar a Ucrania de la opresión rusa y liberar a Europa del chantaje energético ruso.
Existe, además, otro beneficio potencial. En Chile, las medidas de emergencia ayudaron al despegue de las energías solar y eólica, con lo que el país se convirtió en líder mundial de la energía limpia, con casi el 43,5% de su energía eléctrica generada por fuentes renovables en el 2021.
Más aún, los terminales de GNL resultaron tener un valor duradero y permiten a Chile —país que no produce gas natural— exportar gas a Argentina a través de los mismos gasoductos construidos originalmente para llevar gas argentino a Chile.
Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, las compras de gas de la UE han proporcionado al Kremlin $37.000 millones, que contribuyen a financiar la agresión.
La razón para poner fin a estas compras es primordialmente de orden moral. Sin embargo, los europeos no tienen necesidad de “congelarse en pro de la libertad”, como dijo recientemente el expresidente de Alemania Joachim Gauck.
En su lugar, pueden hacer lo correcto y, además, posicionar a sus economías para un futuro más verde y más resistente. Chile ha mostrado cómo hacerlo.
Andrés Velasco, excandidato a la presidencia y exministro de Hacienda de Chile, es decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.
Marcelo Tokman es exministro de Energía de Chile.
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Chile aprobó la primera ley latinoamericana destinada a regular la energía renovable y comenzó a extender garantías de mitigación de riesgos a los nuevos inversionistas privados que suministraran energía limpia, a fin de facilitar la puesta en marcha de proyectos hídricos, solares y eólicos más pequeños. (Shutterstock)
