Me administraron las vacunas contra la covid-19 en la UCR, el 1.° de junio y el 24 de agosto; sin embargo, el EDUS registra solamente la segunda dosis.
Para obtener el código QR, he llenado infinidad de veces el formulario del Ministerio de Salud y aportado lo solicitado, pero el Ministerio responsabiliza a la CCSS de no haber suministrado la información completa.
En dos ocasiones, fui al Ebáis de Sabanilla y ahí me explicaron que debía escribir al correo junavarro@ccss.sa.cr. Mandé tres mensajes y no recibo respuesta. Escribí a la Contraloría de Servicios de la CCSS, y tampoco contestan.
Juan Carlos Gutiérrez Coto, San José
Sin salida para la educación
La propuesta de la Cámara de Industrias para salir de la crisis educativa es una cosmética “reingeniería”, cuyo resultado sería trabajar la “puerta giratoria”, el club de la lonchera y la red de protección.
El deterioro de la educación no es producto de la pandemia únicamente, pues acumula la inacción de los gobiernos durante varias décadas: malas y equivocadas políticas nacionales, despilfarro, uso ineficiente de miles de millones de colones asignados a la construcción, reparación y mantenimiento de los edificios escolares y el cuestionado personal, desde el llamado e ignorado Consejo Superior de Educación, el ministro o la ministra de turno y la Dirección de Infraestructura Educativa hasta directores, profesores y maestros.
Inocentes seríamos si preguntamos a los 26 candidatos sus propuestas al respecto.
Leonel Fonseca Cubillo, Pavas
Eficacia de las vacunas
Me produce satisfacción la disminución en el número de casos, internados en las UCI y fallecimientos durante las últimas semanas. El resultado tiene una sólida razón, y es la inoculación del 90 % de la población mayor de 12 años con, cuando menos, una dosis, lo cual comprueba la eficacia de las vacunas, contrario al criterio de los antivacunas, que mal informan y arguyen una serie de hechos perversos.
A pesar de los inconvenientes y errores durante la gestión de la emergencia, es reflejo de que las cosas se han hecho mayoritariamente bien y es justo reconocerlo ante la opinión pública. Confío en que traiga la reactivación sostenible en los procesos y encadenamientos productivos.
José Rugama Hernández, San José
Partes injustificados
Quisiera saber cuántas personas más están pasando por la misma situación. Mi auto está a nombre de mi hija, el 4 de octubre me hicieron un parte mientras asistía a una cita médica, apelé y me dieron la razón, pero no van a eliminarlo porque el reclamo no fue hecho por la dueña del vehículo.
En el marchamo están cobrando multas por un total de ¢36.000, por infracciones supuestamente cometidas en el parqueo del hospital Calderón. En mi auto nunca estuvieron esas boletas. Si la Municipalidad inventó un mecanismo para el estacionamiento de vehículos, debe dar un buen servicio y ser consciente de que yo no voy a pasear al Calderón. Voy por asuntos de salud.
Es injusto tener que pagar tan exorbitante monto, sobre todo, durante una pandemia. Ojalá la Municipalidad corrija el gran error de instalar máquinas que nos obligan a sacar dinero que no tenemos.
Ana Giselle Araya Robles, San José
Error del AyA
En el 2020 compré un lote en Cariari de Heredia, y el INVU me solicitó el certificado del AyA sobre la disponibilidad de agua. Voy a construir una vivienda y de nuevo me piden el certificado porque tienen un mes de validez.
Después de esperar seis semanas, me informan de que no hay disponibilidad de agua en el lote ubicado “en San Pablo de Heredia”, es decir, en una propiedad que no me pertenece. He intentado hablar con funcionarios del AyA para hacerles ver el error y conocer una fecha aproximada de respuesta sobre el terreno en Cariari; sin embargo, en tres meses, no he recibido respuesta ni disculpa alguna. Tampoco responden el teléfono, ni los mensajes que se les envían por correo electrónico. Es desesperante.
Gaby Dolz Wiedner, Heredia
Desorden territorial
El caso Diamante sacó a flote una parte de aparentes vicios y mañas imperantes en los gobiernos locales. Es especialmente grave en municipalidades grandes de la GAM, usurpadoras del título de capitales de provincia, con lo que se arrogan derechos indebidos en términos de solicitud de presupuesto y capacidad de endeudamiento para contratar caros proyectos con empresas privadas, al parecer igualmente mañosas.
Por otra parte, sigue la alcahuetería y politiquería en el Mideplán, donde se crean cantones y nuevas ciudades de mentirillas, gobiernos locales sin viabilidad política y económica, para un serio proceso de descentralización del poder público. Ya vamos por 82 municipios y una larga fila en espera.
El exministro Carlos Francisco Echeverría decía que todos ganaríamos al reconocer la significación de la escala provincial, pues son “entidades históricas, sociales y culturales”.
Urge homologar, por ley, regiones y provincias. Recién se aprobó el proyecto 22363, sobre desarrollo regional, pero no resuelve la esencia del problema, a saber, la duplicidad de divisiones territoriales oficiales para planificar o para administrar en el marco de la ley de planificación 5525.
José Alfredo Calderón Gómez, Rohrmoser