He vivido en barrio El Jardín, distrito Uruca, durante 40 años. Somos cuatro adultos mayores: un hijo con discapacidad; mi esposa, que libra una batalla contra el cáncer; mi suegra, que tiene 93 años; y yo. El barrio siempre fue muy tranquilo; sin embargo, la situación se volvió sumamente complicada porque la casa de al lado fue alquilada para albergar a personas con trastorno mental y el Ministerio de Salud no ha exigido la adaptación a fin de evitar que se pasen a nuestra propiedad.
La Sala Constitucional, expediente 20-019964-007-C0, me dio la razón. El Ministerio de Salud se vio obligado a emitir una orden sanitaria (número 0S-5262-2020) con plazo hasta el 4 marzo para cubrir los trabajos de remodelación. La Sala Constitucional dio por cerrado el caso sin que la administradora del albergue mandara a cerrar el hueco por donde los residentes cruzan a nuestra propiedad. Existe una nueva orden de Salud que da tiempo hasta el 29 de setiembre para reparar la tapia. Espero que esta vez cumplan.
Rodolfo Gamboa Carvajal, Uruca
Interpelación
El ministro Salas no debería ir a la Asamblea Legislativa a la segunda llamada, pues fue plantado por los mismos diputados que lo convocaron. A ver si tienen la vergüenza de pedir a la Fuerza Pública que lo lleven, y aun así debería negarse a responder majaderías.
Juan Carlos Bonilla Díaz, Aserrí
Pesca de arrastre
El director de La Nación describe una situación de hambre en Puntarenas, la cual solo es desconocida por los que ven sin interés la situación de las comunidades pesqueras de nuestros litorales.
El problema de los pescadores de camarón es particularmente serio, porque, a causa de una muy bien financiada campaña de desinformación, el camino hacia una pesca de arrastre certificada ambientalmente fue obstaculizado por un veto presidencial injustificado.
La ley propiciaba continuar el proyecto de investigación con el que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) había demostrado que era muy posible capturar camarón y disminuir significativamente el daño al fondo marino. Pero ni la diputada Paola Vega, ni otros ambientalistas lo quisieron así, y un mal entendido ambientalismo predominó en el presidente Alvarado.
Aunque dicen que solo los ríos no se devuelven, el proyecto debería resellarse. Los camarones en aguas nacionales mueren de viejos, mientras la importación de camarones pescados por arrastre llenan el mercado nacional.
Freddy Pacheco León, Heredia
Compra de llantas
Compré en diciembre cuatro llantas a un agente que visita Coopeguanacaste, cinco meses después, dos están desgastadas y una dispareja, aparentemente por mal alineamiento. Le pregunté qué garantía tenían, quedó de avisarme en cinco minutos y ahora está ilocalizable.
Henry Martínez Gallo, Liberia
Relator de la ONU
Costa Rica fue más afortunada que Estados Unidos, donde el asalto al Congreso fue dramático y produjo víctimas. Aquí, el honor de la mayoría de los miembros de la cúpula del Poder Judicial evitó el ridículo mundial.
Para que La Nación, decana de la prensa de Centroamérica, haya dedicado dos editoriales consecutivos al relator de la ONU y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es porque el director consideró, con razón, que ameritaba la medida.
No se necesita ser Sherlock Holmes ni el agente 007 para considerar posible una alianza entre el relator de la ONU, Diego García-Sayán, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz. Los dos pretendieron justificar lo injustificable: las prebendas que disfruta de manera abusiva el Poder Judicial.
Camilo Cifuentes Correa, San José
Nadie contesta
Ni en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ni en las oficinas para las pequeñas y medianas empresas contestan teléfonos y correos electrónicos.
He tratado de inscribirme como pyme por medio de MEIC Directo, pero el sistema no me permite volver a cargar una nueva solicitud. La respuesta del MEIC es que vaya a Tibás. En la Caja Costarricense de Seguro Social tampoco atienden ninguno de los números del directorio y en el 2539-0000 nunca atienden. Es necesario que las instituciones del Estado sean accesibles, ágiles y diligentes, y no un atraso.
Marcela Castro Barrantes, Alajuela