EscucharA pocos días de las elecciones nacionales, circulan en redes sociales y WhatsApp encuestas que supuestamente miden el apoyo de la población hacia los candidatos presidenciales que participan en la contienda. En muchos casos, se trata de mediciones ilegales, realizadas sin el aval del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y sin criterios técnicos que garanticen la rigurosidad de la recolección de los datos y la confiabilidad de los resultados.
Algunos sondeos los difunden personalidades reconocidas o usuarios con un gran número de seguidores; otros se comparten de manera anónima en WhatsApp. El común denominador de estas encuestas es que invitan a los cibernautas a mostrar su apoyo hacia el candidato de su preferencia, por medio de un clic en un formulario o de una reacción en Facebook.
La publicación de sondeos informales está prohibida en Costa Rica durante la época electoral y se sanciona con multas de hasta ¢23 millones. Durante los meses de campaña, solo pueden divulgar resultados de encuestas las empresas e instituciones que se hayan inscrito previamente, luego de cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, deben tener un profesional en estadística a cargo, y están obligadas a revelar quién financia las mediciones.
En Facebook, se comparte una imagen con supuestos resultados de una encuesta que habría realizado el perfil Felicio Fernández. La página “Por mi Costa Rica” también hizo una publicación, el 17 de enero, con instrucciones para que el público indicara por cuál aspirante presidencial votará. El TSE ha aclarado que la prohibición para publicar sondeos no autorizados aplica tanto a empresas e instituciones, como a personas físicas, en sus cuentas de redes sociales.
“Me refiero no solo a institutos de investigación y a universidades, a empresas, sino también a personas en sus redes sociales. La jurisprudencia del Tribunal ha aclarado que esta restricción aplica también a los ciudadanos, a usted y a mí”, explicó en noviembre el letrado electoral Andrei Cambronero, en entrevista con La Nación.
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La prohibición para publicar encuestas y sondeos electorales sin autorización, como estas, rige desde el pasado 13 de noviembre y aplica para personas jurídicas y físicas; incluso, para los usuarios de redes sociales.
En WhatsApp se comparte masivamente otro sondeo, cuyo formulario incluye una serie de preguntas sobre la edad y el lugar de residencia del participante, el candidato predilecto y los aspirantes por los que la persona nunca votaría. Esta plataforma no revela cómo han votado los usuarios participantes. Sin embargo, tampoco aclara quién la organiza, ni quién recopila los datos.
La prohibición para publicar encuestas y sondeos electorales sin autorización rige desde el pasado 13 de noviembre y aplica para personas jurídicas y físicas; incluso, para los usuarios de redes sociales. Quienes infrinjan la normativa se exponen a recibir multas de entre 10 y 50 salarios base, es decir, montos que oscilan entre los ¢4,6 millones y los ¢23 millones.
El TSE investiga este tipo de incumplimientos a partir de las denuncias que se le presenten; no indaga de oficio. Si el infractor no cancela la multa en el periodo estipulado, el Tribunal puede iniciar un procedimiento de cobro judicial. Según los registros oficiales del TSE, hay 10 organizaciones inscritas y autorizadas para divulgar estudios de intención de voto para las elecciones presidenciales y legislativas del 2022:
- Opinión Política C y C S.R.L. (OPOL Consultores)
- CID Gallup Latinoamérica S.A
- Universidad U Latina S.R.L.
- Demoscopía S.A.
- Universidad Nacional(IDESPO)
- Programa Estado de la Nación PEN/CONARE
- Enfoques Investigación MP LTDA
- Centro de Investigación y estudios Políticos CIEP/UCR
- B y S Blanco y Sánchez Consultores S.A.
- INDICE X S.A.
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