En el PLN, un candidato espera asumir la batuta si Rodrigo Arias no consigue los votos; en el PUSC, una aspirante denunció haber sido vetada por el gobierno.
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Los fondos públicos no deben ser utilizados para vilipendiar adversarios políticos o sembrar dudas sobre las personas, dijo el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
Tribunal denegó a Progreso pago de ¢25 millones por servicio de monitoreo que, según Brunner, se contrató ‘para controlar algo que no existió'.