Los océanos del mundo absorbieron 93% del calor generado por el planeta desde 1970 y, con ello, contribuyeron a que este no se sintiera en la superficie terrestre. No obstante, el precio que pagaron fue alto: sus ecosistemas y ciclos de vida se alteraron.

En los últimos 10 años, la demanda de pepino de mar ha aumentado y eso ha favorecido una rápida expansión de esta pesquería.

En 56 años, el ser humano ha duplicado su gusto por comer pescado y otros productos marinos, al punto que el consumo anual se calcula en 20 kilogramos por habitante.

Combinando el estudio geológico de las profundidades oceánicas (batimetría) con la experiencia de los capitanes de barcos pesqueros, Costa Rica mapeará en los próximos tres años sus fondos marinos para mejorar la pesquería de camarón, en vías de que sea más sostenible.

La política del mar, más que un documento o una comisión como ha sido por años, debe ser una realidad en nuestras costas.

“El Gobierno de Costa Rica se compromete a no proponer, ni apoyar la inclusión de especies de tiburón con interés comercial en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) o en la Convención de Especies Migratorias (CMS)”.

El decreto N° 38027-MAG busca regular la pesca de tiburones a partir de una talla mínima. Sin embargo, el mismo decreto se contradice al determinar un margen de tolerancia que permite capturar escualos cuyo tamaño sea entre 10 y 30% inferior a esa talla mínima.

Aunque por ley, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) debe tener una comisión científica que asesore sus decisiones, actualmente esta no funciona.

La pasión que Ernest Hemingway sentía por el mar y su ojo para el detalle han generado esperanzas en un grupo de científicos, quienes tras una visita de los nietos del escritor a Cuba, de que se les dé acceso a sus diarios de pesca, los cuales podrían contener un tesoro de información sobre el estado de las especies de aguas profundas drásticamente reducidas por la pesca industrial.

La pesca ilegal que ocurre en los océanos del mundo cuesta a los países hasta $23.000 millones por la explotación insostenible de los recursos marinos, la destrucción de los hábitats, la pérdida de ingresos y empleo de los pescadores legítimos así como por la distorsión de los mercados.