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Había grandes esperanzas en que la política antidrogas de Gustavo Petro incluyera la legalización de la cocaína, pero si bien la estrategia no llega tan lejos, avanza en la dirección correcta.

Ya no somos un sitio de tránsito para carteles extranjeros ni los costarricenses incorporados a la actividad cumplen funciones de apoyo. El grado de organización, la profunda participación en el negocio y, sobre todo, la violencia, se hacen obvias en todo el territorio nacional.

Macho Coca podría quedar en bancarrota no tanto porque la decisión tenga injerencia en nuestro sistema legal, sino al declarar como sospechosas las transacciones del empresario, dicen el abogado penalista y exjuez Ewald Acuña y el fiscal adjunto Mauricio Boraschi