Agroatirro tenía facturas pendientes por ¢130 millones con productores de caña de Turrialba y Jiménez.

Diputados alegan que 44 trabajadores del ingenio Atirro, en Turrialba, quedaron indefensos tras un cierre “propiciado” por el Instituto.

La cantidad de créditos morosos o en cobro judicial es muy alta. ¿Qué habría pasado si se tratara de un banco? Además, el dinero se concentra en solo 30 de las más de 700 cooperativas existentes y la distribución es muy desigual por zonas del país: en Limón la inversión es casi nula, por ejemplo.