Solo la mitad de los 82 cantones nacionales tienen un plan regulador. Sin embargo, más de la mitad de esos estudios de planificación vigentes datan de antes del año 2000.

Esa es la forma cómo nuestro país afronta el crecimiento poblacional, urbanístico y productivo en ciudades, regiones rurales y zonas costeras.

Fue así también como enfrentó el crecimiento más importante de Costa Rica, cuando pasó de 2,3 millones de habitantes en 1980 a 4,5 millones en el 2010.

Los planes reguladores son instrumentos que ordenan y planifican el crecimiento y desarrollo territorial, social, económico y ambiental de los cantones.

La ausencia de esas herramientas propiciaron, en gran medida, algunos de los problemas que más atormentan a los costarricenses: congestionamiento vial, falta de agua potable, contaminación, desorden en ciudades y hasta mayores riesgos ante desastres naturales.

Por ejemplo, esas interminables presas que roban la paciencia de los conductores en el centro del país, empezaron a gestarse con el crecimiento acelerado y desordenado que ya experimentamos con el cambio de siglo, según explicó Karen Chacón, investigadora del Programa Estado de la Nación (PEN).

“Muchos empezaron a salir del centro hacia la periferia de la Gran Área Metropolitana (GAM), entonces eso nos llevó a que la mayoría de las personas eligieran el vehículo particular, también por las deficiencias del transporte público. Eso explica el aumento de la flota vehicular y el alto congestionamiento”, afirmó Chacón.

La ausencia de planificación en los territorios también provoca que la solución a esos problemas sean más complejos de resolver, y en muchos casos más caros.

Esa es una consecuencia que hoy paga el país, según afirmó Tomás Martínez, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

“La inversión en infraestructura se hace poco eficiente porque como no está claro hacia dónde crecer, dónde contener el crecimiento y dónde facilitar el desarrollo, básicamente lo que pasa es que se crece para todo lado y los resultados son costos altísimos en infraestructura, una asimetría en el acceso de los servicios públicos y un grave deterioro ambiental, incluso afectaciones de riesgo”, afirmó Martínez.

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No hacer planificación tiene un costo importante en términos de congestionamiento vial, pero también de la cantidad de emisiones, salud de la población y de tiempo que las personas pierden para movilizarse, agregó Chacón.

“El año pasado hicimos dos cálculos: uno que tiene que ver con lo que le cuesta a las personas trabajadoras y al país el tiempo que perdemos en congestionamiento. En el caso de las personas hablamos de $3.000 en promedio al año, mientras que al país representa un 4,3% del producto interno bruto (PIB) en el 2018”, afirmó Chacón.

Tanto Martínez como Chacón coincidieron en que los faltantes de agua también están relacionados, en muchos casos, por la poca planificación para contener el desarrollo de construcciones cerca de nacientes de agua o sobre mantos acuíferos.

Otro de los problemas es que las expansiones urbanísticas de forma desordenada, pone en jaque la disponibilidad de agua potable.

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Grave rezago

La orden para que las municipalidades desarrollaran esas herramientas para controlar el desarrollo la giró la Ley de Planificación Urbana, aprobada por el Congreso en 1968.

Medio siglo más tarde la realidad es que la mitad de esos cantones ni siquiera lo tienen.

Pero el problema no solo lo presentan los municipios que no disponen de esas herramientas de planificación, sino también aquellos que las tienen, pero están desactualizadas o incompletas.

Para la investigadora del PEN, el hecho de que algunos cantones tengan un plan regulador, no significa que necesariamente lo cumplan.

“Primero porque un número importante de cantones poseen planes reguladores parciales que no cubren todo el territorio. Segundo, porque más de la mitad de los planes reguladores se generaron hace 20 años o más, y eso significa que están desactualizados y que no responden a la realidad de esas localidades.

“Tercero, es que tener un plan regulador no garantiza que los gobiernos locales estén implementando otro tipo de normativas asociadas a esos planes reguladores que son fundamentales, como reglamentos de zonificación, desarrollo sostenible o de construcciones”, afirmó Chacón.

Al día, según información del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) hay 21 cantones que ni siquiera empezaron a desarrollar sus planes reguladores.

Ellos son Acosta, Dota, León Cortés, Puriscal, Turrubares y Tarrazú, en San José; Guatuso, Los Chiles, San Mateo y Zarcero, en Alajuela; Turrialba y Jiménez, en Cartago; y Sarapiquí, en Heredia.

Así como Abangares, La Cruz, Carrillo, Hojancha y Nandayure, en Guanacaste; Matina y Talamanca, en Limón.

Además de Río Cuarto, cantón alajuelense que recién fue declarado como tal en 2017, y hasta ahora va a constituir formalmente un gobierno local.

Pero también hay importantes localidades que apenas están desarrollando sus estudios, como el cantón central de Heredia, así como Alajuelita y Tibás, en San José, o San Ramón, en Alajuela.

En total son 11 cantones sin planes reguladores que están en proceso de elaborarlos. Otros 9 municipios apenas expresaron sus deseos de hacerlos.

Costos y trámites

Los mismos municipios son víctimas de la burocracia estatal en sus intentos por desarrollar sus estrategias de planificación.

Tardan años en recabar los estudios previos para elaborar el plan final. Ese proceso cuesta en promedio unos 200 millones y llega a tardar hasta 10 años, según la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

Esas son estimaciones de esa organización, pues el costo y la tardanza pueden variar por la extensión y la complejidad de cada territorio, así como la capacidad técnica que tengan los ayuntamientos.

Usualmente los que enfrentan más problemas son los que menos recursos tienen.

En ocasiones, mientras esperan años para concretar el plan regulador y recibir su aval para implementarlo, los estudios que desarrollan quedan obsoletos por el crecimiento acelerado de la población y de la economía de las localidades.

“Hay una serie de limitaciones y dentro de ellas están la burocracia, pero además el balance entre los temas económicos, sociales y ambientales de los planes, así como el manejo político de cada uno de los cantones en condiciones diferentes”, afirmó Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL.

También, una vez superado el filtro burocrático de instituciones como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), algunos planes terminan engavetados por discusiones políticas en los concejos municipales.

En muchas ocasiones son los mismos vecinos, comerciantes o empresarios los que ejercen presión para que no se aprueben las reglas territoriales listas, según señaló Eida Arce, ingeniera ambiental de la UNGL.

“Las personas piensan que por ser dueñas de tierras, pueden aprovechar los terrenos en lo que quieran. Entonces, a modo de ejemplo, en Coyol de Alajuela se establece que los lotes mínimos por persona se permiten lotes mínimos de 1.000 metros cuadrados (m²), entonces si la persona pensaba repartir un lote de ese tamaño entre los hijos pero el plan no lo permite, esa persona empieza a oponerse a la propuesta, porque no existe la cultura y experiencia de haber tenido un plan regulador”, explicó Arce.

Otro de los aspectos es que, hasta hace poco, cuando Setena rechazaba una propuesta de plan regulador, los estudios simplemente se archivaban.