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El tiempo que los costarricenses pierden en presas vehiculares no solo les roba horas de vida, sino que socava la competitividad de las familias, las empresas y el país entero.
Atravesar 100 metros en una presa puede demorar 7 minutos en las vías de Orotina (Puntarenas) o 6 en las calles de Belén (Heredia), Santa Ana (San José) o Garabito en Puntarenas; una distancia que debería tomar 7,2 segundos a una velocidad moderada de 50 kilómetros por hora.
Ninguna vía de Costa Rica se libra de congestiones viales, pero el problema empeora, según la última edición del Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2025, que evaluó la fluidez vial de los 82 cantones.
El atraso promedio —el indicador más directo de ese “tiempo de vida perdida”— ha ido en aumento, reflejando un deterioro general entre 2022 y este año, ya que el promedio nacional ahora es de 3,2 minutos por 100 metros en una presa mientras hace tres años era 2,8 minutos.
“Las presas desincentivan la competitividad”, explicó Andrés Fernández, economista e investigador del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) a cargo del ICN 2025.
Él indicó que el empeoramiento se concentra en la Gran Área Metropolitana (GAM), aunque afecta significativamente a “al menos de 15 o 14 cantones”, pues el atraso se siente desde las cabeceras cantonales hasta puntos estratégicos como el Aeropuerto Juan Santamaría o el puerto Caldera.
El fenómeno trasciende la molestia con la cual deben lidiar las personas.
Fuera de cualquier indignación y enojo por una percepción de falta de progreso en la infraestructura pese al pago de impuestos, el costo más profundo es el personal.
El tiempo extendido en el vehículo, la incertidumbre de llegar a destino y la exposición a las presas fomentan el estrés, la fatiga y potencialmente la agresividad detrás del volante.
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Además, legiones de estudiantes, trabajadores y otros miembros de familias en Costa Rica se ven forzados a salir con más anticipación para llegar a tiempo a sus diligencias o bien retrasar salidas a la espera de que disminuya el atasco vehicular.
El ICN evalúa este problema con tres indicadores: el tiempo perdido en presas, el porcentaje de calles colapsadas por cantón y la intensidad de los congestionamientos (medida por los reportes de usuarios a través de Waze), explicó Fernández.
Gigante en crecimiento
Pese a mejoras en servicios de telecomunicaciones (que facilitan el teletrabajo) e inversiones en infraestructura (como la Circunvalación Norte), el arribo sin pausa de vehículos a las vías anula cualquier beneficio que estas mejoras reportan a la fluidez del tránsito.
La precariedad de la red vial simplemente no logra absorber el volumen de tráfico creciente y, según el ICN, esa es la causa estructural del atasco: una desproporción entre la flota vehicular y la capacidad de las vías.
En efecto, el número de vehículos con derecho de circulación ha crecido sin freno, anotó el economista a partir de los datos de cobro del derecho de circulación del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Entre 2018 y 2024, la flotilla registrada superó los 2 millones de unidades. En solo seis años, el país sumó aproximadamente 325.000 vehículos a sus carreteras (casi 20% más).
El crecimiento anual se disparó a partir de 2022. En 2024, la flotilla creció en unas 100.000 unidades, el mayor incremento absoluto en el periodo, llevando el total de vehículos a 2 millones el año pasado.
Sin embargo, los atascos también se agravan por problemas en la ejecución de la infraestructura y cierres en rutas, validando el análisis del ICN.
A pesar de ser una obra clave, la Circunvalación Norte se ha convertido en un punto de congestión crítica.
A finales de setiembre, se reportó que la vía era “casi un parqueo”, con fuertes presas en el tramo Calle Blancos-La Uruca a falta de su finalización total e intersecciones obsoletas impiden el flujo continuo, neutralizando el beneficio esperado.
Otro nudo vial, pero en la costa del Pacífico, son obras de rehabilitación iniciadas en agosto en el puente sobre el río Tárcoles (Ruta 34, Costanera Sur) que han generado pasos regulados constantes, afectando la ruta hacia el Puerto Caldera.
Apenas hace unas semanas, las presas generaban “asfixia al turismo y al comercio”, con trabajos estimados hasta junio de 2026.
Del mismo modo, la principal arteria de acceso al Limón desde el valle Central, la ruta 32, experimentó múltiples cierres este año.
El paso por el tramo montañoso de la vía se ha visto afectado más de una treintena de veces en lo que llevamos de este año, debido a la inestabilidad de los taludes que provocan derrumbes y caídas de árboles.
Teletrabajo y 27 minutos de una mejor vida
El impacto del caos vehicular obligó al Poder Ejecutivo a una medida de mitigación cuando en abril unificó y extendió la directriz de teletrabajo para el sector público hasta finales de 2025 en las cuatro provincias de la GAM.
La medida fue justificada explícitamente para “mitigar el congestionamiento vial” y el “embotellamiento en el tráfico por el desarrollo de proyectos viales”.
La directriz invitó al sector privado a hacer lo mismo, reconociendo que el teletrabajo es una herramienta clave para reducir la cantidad de vehículos en las calles dada la crisis.
Andrés Fernández indicó que, frente a esta realidad, el análisis también dice abiertamente que es hora de pasar de la medición a la acción.
“Parte de lo que proponemos es impulso al teletrabajo del sector privado. No tanto del público porque ya están ahí. El privado es más del 80% de la población trabajadora del país y más del 60% se concentra en la GAM, ahí es donde debiéramos ver los mayores cambios para tener efectos significativos”, recomendó.
El ICN propone a las próximas autoridades de gobierno reducir al menos 10% los tiempos de traslado en las carreteras críticas, lo que implica pasar el promedio de atasco nacional por presas de 190, a 170 segundos en cada 100 metros para el año 2030 (de 3,1 a 2,8 minutos).
“Lo primero es volver al menos a los niveles de 2021, que no quiere esto decir que eran buenos o ideales, pero que sí mejores que hoy que el asunto ha empeorado”, aclaró.
Esta meta tampoco es solo una cifra: si ocurre un cambio estructural, los costarricenses disfrutarían un premio tangible.
En una ruta promedio de 50 kilómetros por la GAM, esa reducción de tiempos equivaldría a un ahorro de casi 28 minutos por viaje en condiciones de congestión.
Eso implica menos horas acumuladas en la carretera, las cuales se traducen en menos gasto de combustible, desgaste del vehículo y costos de transporte, lo que permitiría a las empresas operar con mayor eficiencia.
¿Y para las personas y familias? Ese tiempo ahorrado en presas podría reasignarse a otras actividades como, por ejemplo, más horas de descanso.
