Contraloría advierte al Ministerio de Trabajo: Convenciones colectivas deben ajustarse a la reforma fiscal

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que las convenciones colectivas que sean negociadas y presentadas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su correspondiente homologación, deberán ajustarse a lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N°9635) o reforma fiscal, vigente desde diciembre de 2018.

En caso contrario, el Ministerio de Trabajo, a través de la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público, deberá, en el ejercicio de sus competencias, prevenir a las partes involucradas para su respectivo ajuste al ordenamiento jurídico y proceder de conformidad.

La Contraloría General recibió una denuncia en la que se hace referencia a la aparente firma y homologación de convenciones colectivas en el sector público, que incumplen con disposiciones de la ley 9635.

Según los transitorios de esa normativa, partir de su entrada en vigencia, los jerarcas de las entidades públicas están en la obligación de denunciar las convenciones colectivas a su vencimiento y adaptarlas a lo que indica la legislación.

Por ejemplo, la ley establece que, con respecto al tope de cesantía en el sector público, el máximo es de ocho años, sea por convención colectiva o instrumentos jurídicos diferentes.

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“En razón de lo anterior y tomando en consideración que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es responsable de la implementación de todas aquellas acciones que garanticen el cumplimiento del ordenamiento jurídico; se advierte que en el trámite de homologación de las diversas convenciones colectivas, antes de adquirir su eficacia jurídica, es su responsabilidad la correcta aplicación del marco legal vigente, garantizando especialmente el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, indicó la CGR este jueves.

La Contraloría dijo que si no cumple este requisito no procedería la homologación de cláusulas de las convenciones.

“Al tratarse de decisiones que acarrean consecuencias financieras a cargo de la Hacienda Pública las obligaciones contraídas por las instituciones públicas y sus empleados pueden ser objeto de un análisis de razonabilidad, economía y eficiencia, sea para evitar que a través de una convención colectiva sean limitados o lesionados derechos de los propios trabajadores, sea para evitar que se haga un uso abusivo de fondos públicos en observancia también del principio de legalidad que rige la actuación de la Administración Pública”, dijo el órgano contralor.

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Actualmente, las siguientes convenciones colectivas han sido presentadas para su homologación ante el Ministerio de Trabajo:

● Banco Nacional de Costa Rica

● Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados

● Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec)

● Instituto Nacional de la Mujer (Inamu)

● Banco Central de Costa Rica

● Municipalidad de Parrita

● Municipalidad de Guatuso

● Municipalidad de San Carlos

● Municipalidad de Aguirre-Quepos

● Municipalidad de Tilarán

● Municipalidad de Puntarenas

Se han homologado la del Banco Nacional, Acueductos y Alcantarillados y la de la Municipalidad de San Carlos.

Recientemente, la convención colectiva del Ministerio de Educación Pública (MEP) fue firmada por la institución y sindicatos, pero aún no ha sido enviada al Ministerio de Trabajo para su homologación.