A pesar de que está por finalizar el segundo año de pandemia, 6.213 trabajadores continúan con suspensiones de contratos o reducciones de jornadas laborales, medidas que en principio solo debían ser aplicadas por empresas que sufrían afectación económica por la emergencia sanitaria, aunque no han faltado patronos que abusan de dichas figuras.
En el caso de las suspensiones, se trata de 143 empresas con 2.394 empleados, mientras que las reducciones son de 167 compañías con un total de 3.864 trabajadores. La mayor parte se dedican a actividades comerciales como comercio, servicios, industria y agro, principalmente en las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Guanacaste, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Aunque en los últimos tres meses la cantidad de trabajadores con estas figuras disminuyó a la mitad, según las estadísticas de Trabajo aún son más los patronos que solicitan prórrogas que los que piden levantamiento o modificación de estas medidas.
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Consultado sobre hasta cuándo el Ministerio seguirá aceptando ampliaciones de estos trámites, la oficina de prensa señaló que lo continuará haciendo “mientras se mantenga el estado de emergencia y existan las causales objetivas para otorgarlas”.
“En abril 2021, la Asamblea Legislativa prorrogó la ley de Reducción de Jornadas hasta por un año más, y únicamente para actividades de turismo, afines y transporte público. Esta revisión, necesariamente, la tendrá que realizar la Inspección de trabajo antes de darle validez legal a cualquiera de los dos procesos”, agregó.
La institución explicó que una empresa que ya solicitó tres prórrogas de las medidas no puede volver a pedir otra extensión y que una compañía que nunca ha solicitado las figuras aún tiene la posibilidad de tramitarlas por primera vez, pero que en este momento es muy complicado justificar una afectación por la pandemia.
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Además, señaló que el Código de Trabajo permite solicitar suspensiones de contratos por otras causas, pero que es más complicado. Por ejemplo, citó el caso de la recién cerrada empresa venezolana Alunasa, que antes de despedir a todos sus empleados el pasado 16 de noviembre solicitó suspensión, pero se le rechazó porque no demostró que no tenía posibilidad de tener la materia prima que necesitaba para mantener sus operaciones.
Otro punto a considerar es que aquellos empleados que han visto sus salarios fraccionados por estas medidas también verán afectado su aguinaldo, ya que a la hora de calcular dicho monto se realiza por salario recibido, es decir, si una persona estuvo suspendida durante todo este año, no recibirá ni un solo colón de aguinaldo.
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Denuncias en tribunales
Hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo ha recibido 1.709 denuncias por abusos en la aplicación de suspensiones de contratos o reducciones de jornadas, pero únicamente 20 casos, es decir poco más del 1%, han sido elevados a los Tribunales de Trabajo. No obstante, esta cifra podría ser mayor ya que también hay empleados que acuden directamente a estas instancias sin pasar antes por el Ministerio.
La mayor parte de las quejas se dieron en San José, Alajuela y la Zona Norte, en empresas dedicadas al comercio, servicios y labores agrícolas. Del total, solo 1.600 fueron atendidas con una primera visita, en la que 881 compañías salieron ilesas sin ninguna infracción, 394 fueron prevenidas, 186 no pudieron ser ubicadas o cerraron y 140 fueron clasificadas como “otros”.
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Para la segunda visita, se acudió a 1.456 centros de trabajo y en solo 20 se consignó que “no cumplió con lo prevenido”, por lo que fueron denunciados a los tribunales. Trabajo dijo desconocer cuántos de esos casos ya han sido multados por incumplimiento de la normativa laboral o cuántos apenas continúan en los juicios, los cuales se pueden extender por varios años y afectar aún más a los trabajadores.
Durante los procesos se valora el impacto del daño al empleado, el tiempo que duró la afectación y la cantidad de personas que fueron perjudicadas. Estos factores sirven para calcular la multa a la empresa, que puede ir de uno a 23 salarios base, donde la cifra mayor puede alcanzar los ¢10 millones. Asimismo, los trabajadores que ganen un monto menor a dos salarios mínimos tienen derecho a un abogado laboralista costeado por el Estado.
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“En el caso de lo que se tramita en el Ministerio de Trabajo es para buscar una resolución del conflicto en sede administrativa, pero si el patrono no está dispuesto a resolverlo así, digamos que ese tiempo se perdería. El proceso inspectivo puede durar dos meses y si la empresa mantiene que no va a resolver el tema, esos dos meses se pudieron haber ahorrado yendo a tribunales de primera vez.
“Sin embargo, en tribunales los procesos duran entre dos y tres, por eso los trabajadores intentan resolver primero con nosotros, incluso porque a veces hay patronos que cuando la inspección procede, se ponen a derecho”, explicó la oficina de prensa, al tiempo que señaló que aunque haya más denuncias por abusos en reducción de jornadas y suspensión de contratos, muy posiblemente ninguna se haya resuelto todavía.
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