Una disputa por el acceso a dos playas en Garabito ha escalado entre el alcalde Francisco González Madrigal y la empresa Punta Leona Beach Club & Nature Resort. El conflicto se centra en los accesos a playa Blanca y playa Mantas y en el aprovechamiento de la zona marítimo terrestre (ZMT).
El miércoles 2 de julio, el alcalde se presentó en las instalaciones de este resort con un equipo multidisciplinario que incluía Fuerza Pública y la Policía Municipal para inspeccionar el cumplimiento de la Ley 6.043 (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre) que prohíbe la explotación de los 50 metros posteriores a la marea alta.
La supervisión se realizó específicamente en playa Blanca y playa Mantas, en Punta Leona, donde se ubica este complejo de más de 40 hectáreas. La empresa denunció la intervención del alcalde como “arbitraria” y advirtió que tomaría medidas legales.
Por medio de un comunicado, el hotel aseguró que durante más de 50 años ha operado “bajo el más estricto apego a la ley” y se mostró preocupada por las intenciones del alcalde de ingresar por “vías de acceso privadas y demoler infraestructura legalmente construida dentro de propiedades tituladas”.
El club denunció que el alcalde de Garabito pretendió derribar una aguja de la entrada del local, “sin mediar procedimiento administrativo alguno”. Luego de ser persuadido por el personal, González Madrigal entró con el equipo multidisciplinario y manifestó que daría un plazo de ocho días para que se removiera infraestructura en zonas y espacios públicos, señaló la empresa.
Esa es la zona que el alcalde insiste en que es pública, pero que la empresa asegura que es propiedad privada “debidamente titulada”.
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Libre acceso a playas
El jerarca municipal dijo que el objetivo es brindar acceso libre a estas playas. Explicó que los dueños de propiedades cercanas deben generar acceso, pero no lo hacen por “negligencia o porque no les gusta obedecer la ley y lo que buscan es privatizar el destino”.
Punta Leona Beach Club & Nature Resort advirtió que cualquier intento de ingresar por la fuerza o demoler edificaciones constituirá una violación directa a los derechos constitucionales, a la propiedad privada y al debido proceso.
Según el complejo turístico, estos actos serían ilegales, ilegítimos y arbitrarios, y “darían lugar a graves consecuencias legales” para el alcalde y todos los funcionarios públicos que lo acompañen.
Punta Leona reiteró que todas las edificaciones e infraestructura que se pretende intervenir están en propiedad privada. Afirmó tener respaldo de documentación técnica, jurídica y registral para demostrar la legitimidad de sus derechos.
El alcalde aseguró que ha estado en conversaciones con esta empresa desde hace un año, y todavía no le han presentado un documento “que pruebe lo que ellos dicen”.
No obstante, el hotel Punta Leona aseguró a este medio que envió toda la información (datos, planos, títulos de propiedad) desde el pasado 28 de mayo; sin embargo, al cierre de esta nota, no ha recibido respuesta por parte del alcalde.
Francisco González agregó que buscarán conciliar con los dueños del resort para generar el acceso público a la playa; pero, de no lograr un acuerdo, procederán a expropiar. “Es una obligación del gobierno municipal abrir el acceso a la playa”, apuntó González Madrigal.
“Lo que esté construido en los 50 metros restringidos debe demolerse”, afirmó el alcalde. “Si ellos construyeron parte del restaurante en los 50 metros públicos, hay que demolerlo; y, por lo que vi, hay bastante infraestructura dentro de este espacio, y eso se tiene que demoler”, agregó.
El jefe municipal resaltó que son pocas las playas en Costa Rica que se mantienen en este estatus: privadas o sin acceso. Aseguró que existen jurisprudencia para abrir playas en condiciones similares. De hecho, confirmó tener una resolución que abrió estas dos playas en disputa (Blanca y Mantas), pero que simplemente no se ha cumplido.
El resort reiteró a la Municipalidad que las controversias sobre propiedad deben resolverse en estricto apego a los cauces legales y mostró su voluntad de diálogo.