El Consejo de Gobierno pidió explicaciones al ICE sobre sus razones para comprar la empresa Cable Visión pese que presentaba deterioro financiero.
Con ese fin, el presidente Carlos Alvarado, en conjunto con sus ministros, decidió el 31 de enero pedirle información al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sobre el negocio de $12,3 millones, realizado en 2013.
Este requirimiento se dio dos días después de que ese mismo órgano separara de sus cargos a seis directivos del Instituto por un plazo de cuatro meses, mientras se investigan dos presuntas irregularidades, Una es el pago improcedente de auxilio por cesantía a 36 funcionarios trasladados del ICE a la subsidiaria Radiográfica Costarricense (Racsa) y Gestión de Cobro S. A. La otra, la eliminación sin base legal de la figura de Gerencia General del Instituto creada por ley.
Por ambas situaciones, el 29 de enero pasado se abrieron dos investigaciones separadas a los directivos separados: Eugenia Gutiérrez Castro, Irma Pérez Guevara, Ruth Martínez Cascante, Farid Beirute Brenes, odrigo Bogarín Navarro y José Mario Jara Castro.
Cable Visión emerge así como una nueva línea de investigación.
La inyección de fondos del ICE a Cable Visión empezó desde el año de la compra, pues la nueva subsidiaria del Grupo ICE presentaba deterioro financiero, como reveló este diario a partir de un informe de la Contraloría General de la República (CGR), del 28 de junio del 2017.
Supuestamente, el objetivo de la compra era retener y aumentar clientes para el ICE en el mercado de telecomunicaciones ya en plena competencia.
No obstante, según la CGR a un año de ser parte del Grupo ICE, Cable Visión registró pérdidas calificadas como “riesgosas” para la Hacienda Pública representada en las finanzas del ICE.
El órgano contralor concluyó que Cable Visión de Costa Rica se constituyó en una empresa “patrimonialmente deteriorada”, pues en vez de fortalecer el negocio ha dejado pérdidas acumuladas por ¢5.534 millones, entre diciembre del 2014 y diciembre del 2017. Esa pérdida equivale a 48% de su patrimonio.
En la carta enviada por Carlos Elizondo, secretario del Consejo de Gobierno, a Irene Cañas, presidenta ejecutiva del Instituto, le solicitan “un informe amplio" sobre la adquisición de la empresa Cable Visión, según se lee en el oficio SCG-077-2019.
Los informes requeridos a Cañas aún los espera el Consejo de Gobierno, confirmó el ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar este martes.
“Nosotros estamos muy interesados en que una institución icónica como el ICE marche bien. Debido a publicaciones de prensa sobre distintos temas, quisimos formalizar nuestro interés en Cable Visión y Huawei y sus nexos con el Instituto. Por eso la carta enviada a doña Irene”, dijo Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones-
Se le consultó al ICE sobre la gestión del Gobierno, pero al cierre de edición no se había obtenido respuesta.
La compra de Cable Visión también es objeto de investigación por parte del Ministerio Público, luego de que las propias autoridades del Instituto presentaran la denuncia ante la posibilidad de que se hubiera incurrido en delitos de malversación de fondos públicos e influencia en contra de la Hacienda Pública.
La causa judicial se tramita bajo dos expedientes: el 18-000122-1218-PE, que se abrió en setiembre,y el 18-000167-1218-PE, de noviembre.
Lazos con Huawei
En el mismo documento en el que solicita información de Cable Visión, el Gobierno requiere datos relativos a contratos del ICE con la empresa china Huawei para que le provea servicios de Internet.
Sobre este mismo asunto, la Sala Constitucional emitió un voto el 18 de enero (20190000728), en el cual ordenó ICE entregar información a la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (Anttec).
La Asociación pidió informes a la Gerencia Corporativa de Telecomunicaciones sobre los criterios técnicos y financieros que condujeron a elegir a Huawei como proveedor de servicios y equipos, al margen de otras ofertas que supuestamente habrían sido más ahorrativas para el Instituto.
El sindicato asegura que se le negaron los datos, como lo consignaron en una carta a a Irene Cañas el 8 de febrero anterior y con copia al área de Auditoría Interna del ICE. La Nación obtuvo copia del escrito.
Sergio Olivares, presidente de Anttec, afirmó que en otro caso similar, el gerente corporativo de Telecomunicaciones y gerente general interino del ICE, Jaime Palermo, también les negó acceso a ese tipo de documentos.
Olivares hizo referencia al dictado de un acto administrativo en que Palermo declaró confidencial toda información de este proyecto , denominado RANGE II, de forma permanente y hasta la destrucción de los documentos.
La declaratoria de confidencialidad y los términos de esta efectivamente constan en el oficio 6000-1119-2016 del 4 de mayo del 2016, en poder de este diario, firmado por Palermo.
La empresa china participa en la iniciativa RANGE II (Red de Acceso de Nueva Generación) para proveer Internet de fibra óptica, así como en la migración de redes fijas de telefonía a base de línea de cobre a fibra óptica; precisa el documento del sindicato.