Desde el inicio de la pandemia, el regulador general, Roberto Jiménez Gómez, interviene en favor de los autobuseros para asegurarles confort en el pago del canon que deben cancelar a la Aresep.

Además, habría presionado a otros miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para recibir a líderes de los transportistas, confirmaron los directivos consultados.

Sus acciones, que no incluyen otros servicios de transporte como taxis, tren o cabotaje, están registradas en documentos oficiales de la Autoridad y las confirman el resto de la Junta Directiva de esa entidad.

La primera gestión de Jiménez por los autobuseros consta en la resolución RE-0380-RG-2020 del 19 de marzo anterior cuando modificó el calendario de pago del canon del 2020 para ese sector, amparado en el impacto económico de la pandemia de covid-19.

El canon de regulación constituye el único ingreso que tiene Aresep para financiar sus tareas y gastos y se cobra a todos los prestadores de servicios públicos regulados por la Autoridad. Entre ellos los autobuseros, los taxistas, así como los distribuidores de agua y energía.

Para los buseros asciende para este año a ¢1,3 millones por cada unidad de transporte.

En la resolución, Jiménez indica que varias cámaras le solicitaron ayuda por caídas de hasta 50% en la demanda de pasajeros por la implementación del teletrabajo y el pedido de las autoridades para que la población permaneciera en sus casas y así evitar la propagación del virus.

En el considerando de la resolución (donde se citan cada una de las razones que fundamentan y motivan la resolución) no aparece ningún dato técnico.

Solo indica: “Que, debido a los planteamientos realizados por los prestadores del servicio público de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, se considera necesario modificar la forma de pago del canon del sector autobuses, correspondiente al año 2020 en aras de coadyuvar ante la crisis que sufre el país”.

Con esa explicación, Jiménez trasladó al 30 de setiembre la fecha límite para que los transportistas pagaran los primeros tres trimestres de canon (cada trimestre equivale a ¢339.000) y, dejó para el 31 de diciembre, el pago del cuarto por esa misma suma.

Sin embargo, llegado setiembre, Jiménez volvió a interceder porque supuestamente la situación no mejoró para los transportistas.

Sobre esa y otras actuaciones, La Nación le remitió consultas al jerarca pero al cierre de la edición no se habían recibido respuestas.

Pedido de audiencia

El 1.º de setiembre, el jerarca de la Aresep informó a la Junta Directiva que en agosto se reunió en varias ocasiones con distintas autoridades para conversar sobre los esfuerzos del Poder Ejecutivo por conseguir créditos de auxilio a sectores golpeados por la crisis y hasta sugirió que algo podría llegar a los autobuseros.

Así lo revela el acta de la sesión de Junta Directiva 75-2000 de ese día.

En relación con una de esas citas de Jiménez, agrega el acta, el regulador informó a los otros tres directivos (él es el cuarto miembro de la Junta) de un financiamiento que podría ayudar a los buseros.

“(..) un crédito que se está proyectando y se dará a tasas muy accesibles, con periodos de gracia de hasta dos años y esto incluye el capital de trabajo y otros pagos; aquí es donde se podría incluir el pago de las obligaciones legales, como lo es el canon de Aresep”, comentó el regulador, según el acta.

En la misma sesión, añade el documento, Jiménez trajo a discusión el pedido de varias cámaras de transportistas para una audiencia con el pleno de la Junta Directiva de la Aresep y allí exponer a esta sus problemas.

No obstante, los otros directivos votaron en contra de abrir el espacio por la improcedencia normativa de hacerlo y depositaron en Jiménez la competencia de atenderlos porque así está dispuesto.

Solo Jiménez votó a favor de celebrar la audiencia, revela el acta.

La Nación consultó a los directivos si el jerarca había desplegado acciones similares para otros prestadores de transporte de pasajeros regulados como taxistas, tren o servicios de cabotaje a quienes la pandemia también afectó sus operaciones.

Sonia Muñoz Tuk, Ana Lorena León Marenco y Jorge Blanco Roldán respondieron en forma unánime que no había sido así.

No solo eso: los tres dijeron haber sufrido presión directa de Jiménez hacia ellos para darles audiencia a los autobuseros.

“Él insistió en la audiencia pese a que el Reglamento de sesiones de Junta Directiva de Aresep prohíbe que se le dé audiencia a los regulados, mientras se tramitan asuntos de su interés”, confirmaron por escrito los directivos.

Otra prórroga

Tras la infructuosa gestión, Jiménez no se dio por vencido.

En nombre de los autobuseros, volvió a prorrogar la cancelación de su canon, como lo señala la resolución RE-1360-RG-2020 del pasado 23 de setiembre.

Esta vez, el regulador trasladó al 9 de octubre el pago del I Trimestre de canon por la suma de ¢339.000 por autobús (25% del total).

Además, trasladó al 9 de noviembre la cancelación de otro 15% (¢203.000) y al 9 de diciembre el depósito de otro 15% (¢203.000 adicionales) y trasladó al 31 de diciembre el pago final por 45% restante del canon (¢611.000).

Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transporte (Canatrans) calificó de “prudentes” las acciones del regulador.

La representante admitió que Canatrans y otras cámaras gestionaron audiencias para exponer la afectación en el sector y buscar “de manera conjunta soluciones”.

“Lamentablemente la Junta Directiva trasladó estas gestiones al regulador para que este diera respuesta; situación que lamentamos, ya que en otros momentos, juntas directivas de Aresep nos han abierto las puertas”, dijo Bolaños.

Eso sí, negó que intentaran presión alguna sobre la Aresep.

También se le pidió criterio a Yerling Gómez Masís, directora de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus), pero, aunque ofreció referirse por escrito, al cierre de edición no se había pronunciado al respecto.

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Menos canon

El 27 de octubre anterior, casi un mes después de la segunda resolución de Jiménez favorable a los autobuseros, los diputados aprobaron a última hora, y sin consultarle a la Aresep, una medida que reducirá drásticamente el canon de regulación del transporte público en el 2021.

La decisión de los congresistas ocurrió justo antes de la votación del proyecto para reducir el costo del marchamo de este 2020.

Fue ahí cuando los legisladores incluyeron un último párrafo que reducirá en 50% el canon de regulación que deben pagar todos los operadores de transporte público, como autobuses y taxis.

La moción que introdujo el cambio la presentó la diputada liberacionista Franggi Nicolás, respaldada por otros diputados como Karine Niño y Pablo Heriberto Abarca.

De acuerdo con la Aresep, la medida constituirá un golpe de ¢2.400 millones para la regulación.