Desorden y falta de coordinación entre instituciones es lo que ha caracterizado, hasta ahora, la entrega de paquetes de víveres para ayudar a las familias afectadas con la pandemia en Costa Rica.
Más de 845.000 paquetes se han entregado sin ningún tipo de articulación entre las instituciones involucradas y cada una haciendo lo que considera que es mejor, revela un primer informe de la Contraloría General de la República (CGR).
La Contraloría revisó lo hecho por instituciones como los comités municipales de emergencia, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
La revisión se hizo en 15 cantones, entre el 15 de marzo y el 15 de junio. También se analizó la calidad de los controles para la selección de beneficiarios y la distribución de recursos.
Solo la CNE repartió en ese periodo 36.829 paquetes a personas en aislamiento por covid-19, población vulnerable o quienes perdieron alguna fuente de ingreso. El costo total de esas ayudas supera los ¢3.215 millones.
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El MEP, por su parte, distribuyó entre marzo y junio 801.844 paquetes a estudiantes beneficiarios de los comedores estudiantiles, para una inversión total que supera los ¢9.120 millones, según la Contraloría.
Los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi), distribuyeron víveres a 6.509 familias, entre marzo y junio. El monto de esos apoyos no trascendió.
La Contraloría está en proceso de hacer una auditoría integral sobre acciones y controles en la distribución de víveres. El documento que se hizo público este jueves es un adelanto de esa investigación.
Esta primera revisión desnuda la carencia de una estrategia integral, pues los actores involucrados actúan de manera independiente, con respuestas diferentes y no coordinadas entre ellos para necesidades similares.
“La definición de esas estrategias de forma separada demuestra la ausencia de un objetivo común, que propicie la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. Además, presenta un panorama donde las acciones fueron ejecutadas sin una priorización coordinada de los esfuerzos en el marco de la emergencia”, dijo Viviana Garbanzo Navarro, gerente del área de Desarrollo Local, de la Contraloría.
Por ejemplo, encontraron comités que definían hasta 13 criterios para seleccionar beneficiarios, mientras otros solo tres.
“La definición de esas distintas estrategias y asignación de recursos, de forma separada, para la entrega de víveres en atención de la emergencia, demuestra la ausencia de un objetivo común para esa actividad que propicie la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.
“(...) además, presenta un panorama donde las acciones fueron ejecutadas sin una priorización coordinada de los esfuerzos en el marco de la emergencia. Considerar los aspectos señalados, permitiría integrar las acciones conforme a las necesidades de la población y maximizar el uso de los recursos públicos, con el fin de que se pueda beneficiar a la mayor cantidad de afectados posibles”, apunta la Contraloría.
La evaluación y el control sobre cómo se han realizado esas asignaciones son tareas que también han quedado pendientes en todo este proceso.
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Los auditores no encontraron evidencia de un análisis de la información recopilada en la ejecución de las entregas de víveres para, entre otras cosas, valorar cómo se ha realizado la asignación de los recursos y ejercer el control para mejorar los procesos que requieran cambios.
“(...) no existe una labor coordinada y articulada que evalúe el proceso de entrega de víveres como un todo con una visión de Estado”, advierte el informe.
Instituciones reaccionan
Leonardo Sánchez Hernández, Director de Programas de Equidad del MEP, salió al paso de la mención realizada por la Contraloría.
“El Ministerio de Educación Pública no ha creado un programa nuevo para atender la pandemia en término de alimentación de la población.
“Dada la evolución de la emergencia, en marzo, se hizo necesario modificar la forma en cómo nosotros brindábamos el servicio de alimentación en razón de que el Ministerio de Salud señaló la importancia de combinar y garantizar el objetivo de acceso al servicio nutricional con el objetivo de limitar la expansión del contagio, evitando hasta donde sea posible que muchos niños y jóvenes estén al mismo tiempo en el centro educativo”, explicó Sánchez.
El funcionario explicó que esa dirección elaboró en marzo el protocolo general para la distribución de alimentos en los centros educativos públicos.
“Como se puede ver, no es un programa nuevo. Lo que varía es la forma en cómo damos el servicio de alimentación. Es muy importante mencionar que el MEP, para este programa, tiene claramente definidos cuáles son sus objetivos y esto no varía con el cambio en la modalidad del servicio, ni con la pandemia”, aclaró el director.
Sánchez reiteró que el hecho de que se modificara la forma no significa que se modificaran los beneficiarios ni los criterios de selección. “El MEP ya cuenta para este programa con un presupuesto desde antes de la pandemia, que se planifica para garantizar y dar sostenibilidad al servicio durante todo el año”, recalcó.
Por su parte, Sigifredo Pérez, jefe de Operaciones de la CNE, explicó que en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia desarrolló un operativo de asistencia humanitaria para llevar alimentos a más de 200.000 familias; entre ellas, adultos mayores y quienes habían perdido su trabajo por esta causa.
“Nosotros respetamos los criterios emitidos en el informe. Sin embargo, consideramos importante mencionar que instituciones como el IMAS o el MEP mantienen programas de asistencia a la población.
“La CNE atiende contingencias y, en ese marco, atendemos población afectada por una emergencia según un decreto de emergencia para brindar condiciones básicas a la población que se está viendo afectada, de acuerdo a lo que nuestra ley nos faculta”, dijo Pérez.
A finales de julio, otro documento de la CGR advirtió a la CNE sobre el uso de fondos millonarios para la atención de esta emergencia. Le recriminó carecer de un plan general para la atención de la crisis.
Según datos que trascendieron en ese momento, la CNE destinó ¢27.000 millones entre abril y junio para dar soporte en la atención de la pandemia.
Juan Luis Bermúdez, jerarca del IMAS y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, apuntó una diferenciación que, a su criterio, es importante realizar en este tema. Asegura que en el IMAS no dan alimentos; una cuestión que han tratado de explicar a la Contraloría.
“Ante la emergencia por covid-19, el MEP y el IMAS activan planes de continuidad de sus servicios institucionales ordinarios garantizando con ello el apego al principio del interés superior de las personas menores de edad (PME). En el primer caso, para el programa de comedores escolares, y en el caso de la RedCudi para los servicios de alimentación del programa de cuidado y desarrollo infantil que brindan alternativas privadas o Cecudis.
“Una naturaleza distinta tiene la asistencia humanitaria que se concreta mediante paquetes de alimentos para todo el núcleo familiar (no solo para uno o dos de sus miembros como pasa en los servicios para las PEM) y esa distribución se ejecuta desde los comités municipales de emergencia, con lineamientos de priorización que se emitieron desde las primeras semanas. Con claridad meridiana esta complementariedad se ha aclarado en múltiples ocasiones por las autoridades de todas las instituciones al país”, manifestó el ministro.