Dos normativas vigentes contienen normas contradictorias que en este momento tienen paralizado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para llevar agua al menos a cinco poblados del país.
Por una parte, la Ley Constitutiva del Instituto faculta a la entidad a crear áreas de protección hídrica y adquirir los terrenos que sean necesarios para desarrollar nuevos proyectos que provean de líquido a las comunidades. Por otra, la Ley Forestal le impide aprovechar esas de fuentes y realizar obras en esas zonas que adquirió.
El problema es que, según la Ley Forestal, que entró a regir en 1996, todos los bosques y terrenos forestales que pertenezcan a instituciones autónomas se convierten en patrimonio natural del Estado.
Según la misma legislación, en las propiedades bajo esa categoría solo pueden autorizarse labores de investigación, capacitación y ecoturismo.
De esta forma, se excluye el desarrollo de infraestructura y el aprovechamiento del agua que esté en esas zona, aún y cuando sea para cubrir las necesidades de la población.
De acuerdo con la presidenta del AyA, Yamileth Astorga, esta situación “amarra” a la entidad pues cuando se crea un área de protección automáticamente se convierte en patrimonio natural del Estado.
“Hay una contradicción entre la ley de AyA y la Ley Forestal y eso nadie lo había identificado y se venía haciendo.
"Lo que pasó es que nosotros veníamos con un proyecto en Coto Brus (zona sur del país) para tomar más agua de Las Tablas, que es un área de protección donde AyA toma agua pero igual ya el caudal no es suficiente; pedimos permiso y nos dice que no se puede (el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ) y en Guanacaste, en otra zona (con similar condición), nos dicen que sí se puede”, explicó la jerarca.
Ante el choque entre estas dos normas, el AyA planteó una consulta a la Procuraduría General de la República y en su respuesta, esa institución terminó por cerrar las posibilidades del AyA, al determinar que para solventar la confusión se requiere una nueva ley.
Específicamente, en el dictamen del 8 de junio del 2016, ese ente estableció que “el AyA no está legalmente autorizado para aprovechar el recurso hídrico dentro de las áreas silvestres protegidas de dominio público estatal para abastecimiento poblacional (...) A fin de realizar ese aprovechamiento se requiere una ley expresa que amplíe las actividades permitidas en el patrimonio natural del Estado”.
Esa situación impide al AyA, por ejemplo, concluir las obras de ampliación en el Parque Recreativo Los Chorros, en Tacares de Grecia, cuyo desarrollo es necesario para abastecer el déficit que durante 10 años han enfrentado unos 16.000 pobladores del vecino cantón de Atenas, en Alajuela.
“Lo que ocurrió en el parque Los Chorros, donde está la toma (de agua), es que era privado. AyA lo compró y al comprarlo se convierte en patrimonio del Estado; al otro lado del río la Municipalidad (de Grecia) compró otra parte y se convierte también en patrimonio natural del Estado”.
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Así lo argumentaron vecinos de Tacares de Grecia que se oponen al proyecto del AyA, en un recurso de amparo planteado ante la Sala Constitucional para frenar la corta de árboles en el lugar. Dicha gestión fue acogida para estudio y, mientras tanto, como medida cautelar, se le impide al Instituto el acceso a la fuente de captación ubicada dentro del parque, necesario para concluir la obra.
“Nuestro criterio jurídico es que hay un acuerdo supraconstitucional de las Naciones Unidas que es el derecho al acceso al agua para consumo humano y los acuerdos de las Naciones Unidas van sobre acuerdos de cualquier otro convención, esto está por encima y esto era lo que le decíamos a la Procuraduría”, añadió Astorga.
De acuerdo con la presidenta ejecutiva, de prolongarse esta condición representaría la paralización de importantes desarrollos en el país, no solo a proyectos del Instituto sino también de Asociaciones Administradoras de Sistemas de Alcantarillados Sanitarios (Asadas).
“Por ejemplo, la Asada Cuajiniquil (La Cruz de GuanacateI tiene la toma en el Parque Nacional Santa Rosa, la gente en Puriscal de unas Asadas que están mal, está el agua en el Parque Nacional La Cangreja y no los dejan tomar el agua.
"Nosotros necesitamos más agua para Coto Brus y está en Las Tablas (zona protectora) y si no nos dejan sacarla la gente se va a quedar sin agua dentro de muy poco (...) esto es crítico y el país se paralizaría”, reclamó.
Otros desarrollos que se encuentran en esta mismo condición se ubican en el Parque Nacional Los Quetzales en el cerro de la Muerte y en Pococí, cantón de Limón.
Incluso, según Astorga una de las mayores preocupaciones radica en el desarrollo del proyecto Orosi II, cuya finalidad es disponer de más recurso para el área metropolitana.
“Nosotros tendríamos que pasar por dos áreas protegidas y la planta potabilizadora tiene una parte que entraría dentro de los cerros de La Carpintera, que hoy día no es patrimonio natural porque está en manos privadas, pero solo el hecho que el AyA lo compre se transforma en área protegida y habría que comprarlo (para poder desarrollar las obras)", añadió.
Enmienda
Para el director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, José Miguel Zeledón, existen dos posibles vías de solución al conflicto.
Una de ellas está en la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, que fue aprobada en primer debate en noviembre del año pasado y enviada para consulta a la Sala Constitucional.
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Adicionalmente, el Minae presentó un proyecto de ley para regularización del patrimonio natural y forestal del estado.
Según Zeledón, en ambas iniciativas se establecen tres criterios básicos para que el agua en zonas protegidas pueda ser aprovechada.
En primer lugar debe tratarse de un ente operador por ley, es decir el AyA, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), municipalidades o Asadas; además debe comprobarse que no existen fuentes alternativas y, por último, la institución que vaya a utilizar la fuente debe cumplir con los requerimientos ambientales.
“Es un problema real y evidente, no solo porque está la opción del agua ahí sino porque ya hay comunidades que están tomando agua desde antes, hay gente que está a orillas de esas áreas de patrimonio y no tienen opción de agua teniendo el recurso hídrico ahí (...) también nosotros lo vemos como una opción de protección, pero estamos hablando de consumo humano ”, explicó Zeledón
La presidenta del AyA, añadió que otra salida al conflicto provendría del pronunciamiento de la Sala Constitucional en el caso del Parque Los Chorros, en Tacares de Grecia.
“Si la Sala logra ver lo que significa el acceso al agua ya generaría una jurisprudencia importantísima”, indicó.