La Aresep acudió a los tribunales de justicia para solicitar la suspensión de los efectos de un informe de la Contraloría General de la República, el cual lo responsabiliza de haber realizado una mala estimación tarifaria, la cual llevó al ICE a pagar casi $24 millones de más a los generadores privados por compras de energía.
Esta petición planteada ante los tribunales contencioso administrativos fue dada a conocer este jueves por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Este martes, el regulador general, Roberto Jiménez Gómez, acusó a la Contraloría de invadir competencias de la Aresep en este caso. Así lo manifestó durante una comparecencia en el Congreso.
“Somos respetuosos del marco legal y del trabajo que realiza la Contraloría, pero también somos garantes de nuestras competencias como reguladores”, manifestó Jiménez ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos.
El regulador insistió en que el informe de setiembre pasado contiene “falencias” que se señalaron durante la etapa de comentarios y fueron objeto de recursos de revocatoria con apelación en subsidio y gestión de nulidad, presentados oportunamente y elevados al conocimiento de la Contraloría.
Para Jiménez, la Contraloría se excede en sus competencias e invade la autonomía funcional de la Autoridad al realizar estimaciones de tarifas a partir de criterios “propios subjetivos" y que posteriormente la misma Contraloría se contradice, al exigir a la Aresep que realice el cálculo tarifario según sus interpretaciones a la metodología”.
Precisamente, algunos de esos argumentos fueron incluidos en recursos presentado, los cuales fueron desesimados por la contralora Marta Acosta Zúñiga, en la resolución DC-0041.
En ella, Acosta explica que la fiscalización lo que pretende es que, señalados aquellos desajustes con respecto a la normativa que rige su actuar, estos sean enmendado.
“En un caso como el que nos ocupa, la Contraloría no está disponiendo que las tarifas se calculen conforme a elementos o factores que, según el decir del señor regulador general fueron delimitados de forma subjetiva y sin criterio técnico suficiente por el Área, ni dispuso que se adoptaran este u otro parámetro de cálculo, sino que, como parte de sus hallazgos, el informe determinó inconsistencias de aplicación de las propias metodologías aprobadas por esa misma Autoridad", señala la resolución.
El documento agrega que ese análisis “ni por asomo constituye un ejercicio de sustitución de las competencias propias de la Aresep, sino un ejercicio de fiscalización necesario, en el tanto, el coste pagado a los generadores privados por concepto de electricidad, tienen una clara incidencia en los recursos que el ICE destina al pago de esas facturas, costos que luego, irremediablemente, serán trasladados a los consumidores”.
La resolución recuerda además que, una vez aprobada por la Junta Directiva de Aresep la metodología de fijación tarifaria y una vez fijada una tarifa, ambos se constituyen en actos reglados, y no en actos discrecionales “como parece entenderlo el regulador general, actos que ciertamente solo podrán ser modificados pero por otros actos posteriores, emitidos por la misma autoridad que aprobó los originarios, siguiendo el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico”.
Controversia
El informe que dio origen a esta controversia fue emitido por el Área de Fiscalización de Ambientales y Energía de la Contraloría General de la República (CGR), según el cual la Autoridad Reguladora puso una tarifa única a la energía hidroeléctrica y a la eólica, cuando cada una debe tener un costo diferenciado.
“Entre 2017 y 2019, la Aresep aplicó mal la metodología para fijar tarifas de compra de energía eléctrica a privados con contratos renovados, pues sobreestimó costos de explotación y utilizó datos de plantas eólicas aunque correspondía utilizar solo de hidroeléctricas”, señala el estudio.
Además, llama la atención al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al considerar que no fundamentó las decisiones de compra de energía en 23 contratos por más $2.000 millones suscritos del 2010 al 2018.
Mientras Aresep rechazó entonces cualquier irregularidad y luego recurrió el informe, el ICE aseguró por su parte que siguió los procedimientos adecuados para hacer las compras.
La Contraloría decidió entonces abrir una investigación administrativa sobre las actuaciones de las dos entidades, y ordenó a la Autoridad corregir la metodología para siguientes ajustes así como tomar acciones para que los generadores privados le devuelvan al ICE el monto pagado de más.
Método tarifario
Según el informe de la Contraloría, la Aresep estimó que para el 2019, el ICE debía pagar 7 centavos de dólar por cada kilovatio hora sea proveniente de plantas hidroeléctricas o eólicas, cuando según la Contraloría, el costo de la energía eólica debía ser de 5,8 centavos de dólar.
El órgano contralor también llamó la atención a la Aresep, porque en su cálculo de tarifa considera que, en algunos de los casos, las plantas privadas operan en su capacidad máxima instalada y durante todo el año, cuando no siempre ocurre de esa forma.
“Se trata de generación con diferencias en cuanto a tecnología, costos de inversión, costos de operación y vida útil”, señala el órgano.
El hecho de no tomar en cuenta tales diferencias habrían propiciado que el ICE pagara de más casi $24 millones en los últimos tres años.