Se trata de cambiar las actuales cajetillas por un empaquetado neutro, con un color poco atractivo, similares todas en tamaño, forma y textura, independientemente de la empresa que las produzca; que en vez de elementos promocionales, haya preponderancia de los mensajes de salud informando sobre el daño de fumar.

Según Renata, en otros países, como Australia (el primero en implementarlo en el 2012), estos cambios desencadenaron un descenso importante en la cantidad de consumidores de tabaco.

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Medidas de este tipo son apoyadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La vicepresidenta de Renata, Nydia Amador, informó de que el plan es tener listo un proyecto de ley a más tardar en julio, y conseguir el apoyo del Ministerio de Salud para la presentación del texto en la Asamblea Legislativa.

“Queremos ver si el ministro de Salud lidera la presentación del proyecto de ley. Necesitamos quitar el miedo que puedan diseminar las tabacaleras”, expresó.

Este 3 de mayo, Renata organizó una capacitación sobre el tema a un grupo de 25 abogados de diferentes instituciones; entre ellas, los ministerios de Hacienda y Salud.

La capacitación la dieron Robert Eckford, director legal asociado de la organización Campaign for Tobacco-Free Kids, y Juan Carballo, consultor legal para Latinoamérica, de la misma institución.

Empresa: es una medida extrema

Australia, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Noruega e Irlanda son los países que a febrero pasado ya tenían el uso del empaquetado neutro o estandarizado.

En América Latina, Uruguay ya dio ese paso en diciembre del 2018, cuando el Congreso promulgó una ley para proceder con el empaquetado neutro de tabaco. Esta entrará en vigor en diciembre de este año.

Otros países, como Panamá, Brasil, Chile y Ecuador están en diferentes etapas del proceso para aprobar la medida.

Susana Salas, gerente de asuntos externos para Costa Rica de Philip Morris International (PMI), reconoce los riesgos de fumar y admite, entre otras cosas, que “los cigarrillos deben estar sujetos, como lo están, a normas estrictas y a su cumplimiento”.

“Sin embargo, nos hemos opuesto a las medidas reglamentarias extremas y que no están respaldadas por evidencia de efectividad, tales como aquellas que eliminan las marcas de las cajetillas de cigarrillos y obligan a los consumidores adultos a elegir entre productos que parecen casi idénticos, lo cual naturalmente también incrementa el contrabando porque se vuelve difícil distinguir entre un producto legal y un producto ilícito”, explicó Salas por medio de la oficina de prensa.

Para esta empresa, el empaquetado genérico “trata de manera inadecuada a los fumadores adultos como incapaces de tomar sus propias decisiones”.

“Estamos de acuerdo en que las regulaciones deben continuar disuadiendo a las personas de comenzar a fumar, y también alentar a los fumadores a dejar de fumar. Sin embargo, es igualmente claro que millones de personas continuarán fumando; esas personas adultas deberían tener la oportunidad de cambiar a alternativas mejores si no renuncian”, agregó la vocera.

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Para la PMI, “la combinación de una regulación sensata y basada en el riesgo reducido de productos libres de humo, junto con restricciones adicionales sobre los cigarrillos convencionales, puede ser un método más efectivo y rápido para reducir el daño causado por el cigarrillo que centrarse solo en las medidas reglamentarias típicas”.

La Nación intentó localizar a algún vocero de British Tobacco en Costa Rica, pero no respondieron en el número que aparece registrado a nombre de esta empresa.

Por su parte, el Ministerio de Salud sostuvo, por medio de la oficina de prensa, su posición contra el consumo del tabaco.

Reconoció, a la vez, los efectos negativos que genera esta droga sobre la salud, y recalcó su apoyo a las acciones encaminadas a reducir y desincentivar su consumo.

El 6 de octubre del 2008, entró a regir en Costa Rica el Convenio Marco para el Control de Tabaco, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con medidas como la prohibición de la publicidad de cigarrillos y más impuestos a la producción de tabaco.

Posteriormente, se hizo la ley y el reglamento, y, en diciembre del 2016, reforzó la legislación con el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco.