Hasta este lunes, 47 personas de cinco cárceles diferentes se mantenían aislados del resto de la población carcelaria para evitar el aumento de la transmisión del virus que causa la parotiditis, conocida popularmente como paperas, una enfermedad que se contagia muy fácilmente, con solo tener contacto con gotitas de saliva de gente enferma que tose o estornuda.

El director de Vigilancia de la Salud, en el Ministerio de Salud, Rodrigo Marín Rodríguez, informó de que llevan registrados, hasta la fecha, 137 enfermos: tres de ellos, custodios y el resto privados de libertad que han presentado paperas, sobre todo, en el último mes.

Hasta ahora, no se tienen reportes de otras personas enfermas fuera de las cárceles que hayan tenido relación con estos centros.

El hacinamiento característico de las cárceles costarricenses ha sido el principal factor para atacar en este brote, que afecta a cinco cárceles del país: el centro penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma; el Carlos Luis Fallas, en Pococí, Limón; el Antonio Bastida de Paz, en Pérez Zeledón; el Marcus Garvey, en Limón, y más recientemente el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflictos con la Ley (Capemcol).

En la última década, el Ministerio de Salud registra entre cien y 300 enfermos por esta causa en todo el país, informó Marín.

La parotiditis tiene una causa viral. Inflama las glándulas salivales, ubicadas cerca de los oídos, y produce dolor y fiebre.

Escenario difícil

"No es lo mismo manejar un aislamiento fuera de un ámbito carcelario que en un módulo con cientos de personas. Tenemos 47 aislados; hemos usado algún taller, galerones que se estaban para otras cosas y enfermerías.

“Claro que no todos (los reclusos) se pueden meter en esos sitios. Hemos tenido que tomar medidas junto al Ministerio de Justicia para garantizar la seguridad”, explicó Marín, quien reconoció que el manejo de la situación es complejo por la población que se trata.

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El primer caso de paperas de este brote se reportó en abril, pero no fue sino hasta mediados de agosto (semana epidemiológica 34) cuando comenzó a detectarse un aumento inusual en el número de enfermos, vinculado con el traslado de presos entre centros de reclusión.

El traslado, entre otras causas, se dio para descongestionar cárceles.

Lo anterior explica que, además de los 55 enfermos en La Reforma, haya otros 54 en la cárcel de Pococí, 11 más en Capemcol y afectados en centros de Pérez Zeledón y Limón centro.

La situación motivó la integración de un grupo técnico nacional entre los ministerios de Salud, Justicia y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para vigilar la evolución de este brote y las medidas que se tomarán para contenerlo.

Por ahora, se suspendió la visita de familiares a los presos hasta nuevo aviso. También, el traslado de reclusos entre centros; incluso, entre módulos en un mismo centro; y se ordenó la limpieza de todas las superficies y el uso de cubrebocas para evitar el contagio en estos sitios.

Este lunes, además, se suspendió durante las siguientes dos semanas la visita de los 25 docentes que acudían a dar diferentes clases a las cárceles.

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Una de las principales medidas a ejecutar para poner un cerco a la transmisión del virus, es la vacunación de personal y reclusos que tuvieron algún contacto con enfermos en estas semanas.

En principio, serán protegidos contra la paperas unas 5.500 personas. Es decir, casi un 35% de toda la población carcelaria del país. Corresponde, en principio, a quienes tuvieron contacto con los primeros enfermos.

La vacuna la colocará personal de la Caja en coordinación con las áreas de salud de donde se ubican los centros afectados, informó la coordinadora del programa de Inmunizaciones de la CCSS, Leandra Abarca Gómez.

Se les pondrá la dosis contra sarampión, rubéola y paperas (SRP) que, en el esquema habitual se pone en niños de 15 meses de edad, con un refuerzo a los 7 años.

"Esto disminuye el riesgo ante la exposición y se justifica porque estamos ante una situación de emergencia. La institución maneja un stock y no se han tenido que comprar más dosis.

“Hay que recordar que la parotitidis no es una enfermedad erradicada, aunque sí controlada, por lo que habitualmente aparecen casos. Es una enfermedad que, usualmente, no produce complicaciones y tiende a desaparecer en un periodo máximo de diez días con medidas básicas, como aislamiento, tomar agua, y medicamentos para controlar la fiebre y la inflamación”, explicó Abarca.

La aplicación de la vacuna se prolongará el tiempo que sea necesario, porque se tienen que levantar las listas de los contactos y revisar los esquemas de vacunación de los reclusos.

“Es una de las lecciones de todo esto”, reconoció Rodrigo Marín, quien no se atreve a pronosticar cuándo podría acabar este brote, que se encuentra todavía en una fase crítica.