Seis de los siete miembros que integraban la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) renunciaron el pasado jueves 19 de agosto. El único que permanecerá es Jorge Araya, representante del Ministerio de Salud en el órgano.
La dimisión, según explicó la ahora expresidenta de la junta, Eugenia Mata, se da debido a la precaria situación económica que atraviesa la institución, pues expresó que “estamos viviendo de pedir fiado”.
Además de Mata, presentaron su renuncia, que se hará efectiva a partir del 31 de agosto, Isabel Gámez Páez, Rodolfo Vicente Salazar, Patricia Redondo Escalante, Jaime Caravaca Morera y Jessica Bolaños Murillo. Todos ellos profesionales de carácter técnico que ocupaban el puesto ad honorem.
El órgano señaló que las restricciones presupuestarias que sufren desde el año anterior, les llevó a suspender los servicios de seis Centros de Atención Integral en Drogas (CAID) ubicados en zonas altamente vulnerables del territorio nacional, el Centro de Acogida en Cristo Rey y la Unidad Móvil.
Además, cesaron su funcionamiento los servicios de cuido de personas menores de edad y la atención de centrales telefónicas. Esta situación coloca a la Junta Directiva y a la Dirección General de IAFA en un panorama de incertidumbre y preocupación.
Aproximadamente 5.800 usuarios mayores de edad y 700 personas menores, con algún problema de consumo, dejarán de ser atendidos.
Preocupación
Mata concedió una entrevista a La Nación en la que explicó detalladamente el motivo de su renuncia y la preocupación que le embarga respecto al futuro de esa entidad.
La carencia de recursos se inició con los recortes presupuestarios aprobados a principios del presente año, cuando pasaron de contar con ¢13.000 millones a percibir ¢8.000 millones, acotó la exjerarca.
Con el objetivo de sobrevivir a los recortes, se solicitó la autorización de ¢2.000 millones más, para ajustar los ¢10.000 millones de presupuesto. Esta petición se hizo mediante el decreto presupuestario H-15, asegura IAFA en un comunicado de prensa.
Sin ese financiamiento, los servicios contratados, como seguridad, alimentación, informática, emergencias y limpieza, entre otros, no se podrían contratar.
El órgano directivo externó su inquietud tanto al ministro de Salud, Daniel Salas, como al viceministro de Egresos de Hacienda, Isaac Castro, desde el pasado mes de abril. De estos contactos, la expresidenta tiene evidencia física.
A pesar de los acercamientos, no recibieron respuesta por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo y al día de hoy, el decreto H-15 ni siquiera ha salido de Hacienda hacia la Asamblea Legislativa para aprobación, insiste Mata.
“Tenemos dos meses de haber negociado con las empresas que nos brindan los servicios para que nos permitan seguir contando con ellos, bajo la promesa, de buena fe, de que cuando entren los recursos les pagamos atrasado. Estamos trabajando bajo el sistema de ‘fíeme por favor’”, reveló la exfuncionaria.
Mata incluso mencionó a La Nación que, con el objetivo de obtener fondos de la manera más rápida, ellos explicaron a diputados de diversas bancadas la situación.
“Recibimos gratas respuestas positivas de todas las bancadas con las que contactamos. No hubo un sólo diputado que nos negara su apoyo”, arguyó.
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Riesgo de cierre es latente, asegura
Según explicó Mata, para septiembre de este 2021 se llegará al punto de decirles, que deben abandonar las instalaciones, a las personas que viven en su dispositivo residencial “Casa Jaguar”, en San Pedro de Montes de Oca.
“No se puede sostener el funcionamiento, y el problema se le va a hacer al Patronato Nacional de la Infancia y al Poder Judicial, porque para los chicos que tienen conflicto con la ley, es Casa Jaguar, o la cárcel.
“Si el decreto H-15 se envía hoy, en un panorama positivo, se estaría discutiendo en Plenario Legislativo hasta octubre, cuando estos eran fondos que debieron aprobarse desde abril. ¡El IAFA todo lo debe! En este momento se adeudan ¢8.492.000 en alimentación para Casa Jaguar”, apuntó con indignación la expresidenta.
La situación se ve agravada debido a que, como señala la institución, el 40% de los pacientes que atienden no poseen seguro médico debido a sus condiciones de desempleo y precariedad.
La exjerarca añadió: “Esto es una falta de respeto a la ciudadanía. No se está viendo la importancia de los servicios del IAFA. Se interpretó que el sector salud es un gasto, y eso es inadmisible, esto es una inversión.
“En este momento, los profesionales del IAFA tienen que dar consulta con la puerta abierta, porque el sistema de alerta en caso de que sufran una agresión por parte de algún usuario, que ha llegado a suceder, no sirve. No tenemos cómo pagar el mantenimiento. Por eso decidimos renunciar” concluyó la profesional.
Colaboró el periodista José Andrés Céspedes.