Otra compra urgente de equipo para protección personal de los funcionarios de hospitales fue aprobada por la Contraloría General de la República (CGR).
Esta vez fue para la adquisición de 60.000 kimonos por un monto de ¢378 millones.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adquirirá este insumo en grupos de 15.000, de las tallas M, L, XL y XXL.
Como parte de los argumentos de la CCSS, citados por la Contraloría, la prenda es necesaria para el resguardo de la vida humana, por lo que es indispensable dotar de esta al personal médico y centros de salud.
En relación a las especificaciones técnicas, la Contraloría explicó que este insumo requerido es un traje de protección impermeable considerado “una excelente barrera contra partículas secas y húmedas, líquidos y aerosoles”.
Desde el punto de vista de uso médico, posee protección contra la penetración de agentes infecciosos y es liviano y confortable para el personal médico en la primera línea de atención de estos enfermos.
Tan estratégica es la prenda, que posee una tela especial la cual evita la penetración de partículas al tiempo que posibilita la respiración de la piel.
“Es flexible y resistente; mantiene su resistencia y opacidad tanto en estado seco como mojado y es atóxico”, explicó la CGR en un comunicado.
Las compras urgentes se realizan de manera directa, sin concurso, pero deben asegurarse la transparencia y razonabilidad de precios.
Al respecto, la CGR le advirtió a la CCSS que por principios de transparencia, eficiencia y seguridad jurídica, debe velar por la selección de la mejor oferta posible y sustentarla con parámetros técnicos con la calidad requerida y de manera oportuna.
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“Para ello deberán mediar los estudios técnicos y legales que amparen la selección, todo lo cual tendrá que quedar constando en el expediente administrativo que se levante al efecto”, solicitó la CGR.
Esta misma semana, la CCSS recibió autorización para adquirir de urgencia 12.000 respiradores N-95, insumo en riesgo de desabastecimiento. Igualmente, se le aprobó la compra de emergencia de ocho millones de batas por hasta ¢11.000 millones, por faltante en almacenes.
Actualmente, la Auditoría Interna de la CCSS revisa las compras de emergencias, debido a cuestionamientos en procesos para adquirir mascarillas descartables, casos que incluso motivaron la apertura de una causa penal por parte del Ministerio Público y de una investigación por parte de la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.