La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) denunció ante el Ministerio Público presuntas irregularidades en la compra de 570.000 respiradores KN95 por $1,3 millones a la empresa MR Comunicaciones Políticas.

Esa compañía, propiedad de la periodista española Miren Martínez Ruiz, recibió ese contrato el 2 de abril y entregó la mercadería el 13 de mayo anterior.

La entrega de esos equipos de protección fue avalada por los técnicos de la CCSS, encargados de dar el visto bueno a ese tipo de compras. Así consta en el Análisis Técnico de Suministros 1144-2019020184.

Olger Sánchez, auditor interno de la Caja, confirmó este jueves 24 de setiembre que trasladó el caso al Ministerio Público, pues determinaron supuestas irregularidades en el proceso de contratación. Sin embargo, el funcionario no brindó detalles para no entorpecer la investigación.

Las manifestaciones las hizo en una comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

“Encontramos elementos de mérito que hacen presumir la existencia de hechos que tienen relevancia en sede administrativa, pero también en sede penal, estas son compras de equipos de protección personal (...) el 22 de setiembre remitimos el legajo probatorio con información, pruebas y documentos originales para garantizar la pureza de la prueba y la cadena de custodia.

“Hemos venido cooperando con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción desde el momento que abrieron esta causa penal y nos solicitaron colaboración”, declaró Sánchez.

Almacenados

Aunque del auditor no dio detalles antes los diputados, la CCSS informó en un comunicado, de que en un proceso de revisión de compras de emergencia hechas durante la pandemia, detectó que los 570.000 respiradores KN95 requeridos a MR Comunicaciones Políticas no cumplieron con las especificaciones de calidad.

El mismo problema encontraron con otros 300.000 respiradores recibidos de la empresa Bioplus Care, por un valor de $1,1 millones.

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El caso de MR Comunicaciones Políticas, la noticia sobre incumplimientos de calidad llega cuatro meses después de haber entregado el producto en las bodegas centrales de la CCSS. La entidad omitió indicar si esos respiradores fueron utilizados por los profesionales de clínicas y hospitales.

Ante una consulta de este diario, aseguraron que no se usaron y que siguen almacenados cuatro meses después, a pesar de que fueron adquiridos como compra urgente.

Se solicitó una entrevista telefónica con Esteban Vega de la O, gerente interino de Logística de la CCSS, pero informaron que solo contestarán preguntas por escrito.

Primera investigación

Este no es el único caso por el que se cuestiona a funcionarios por contratos adjudicados a MR Comunicaciones Políticas; en total esa firma recibió, entre abril y mayo, tres adjudicaciones para el suministro de gorros descartables, mascarillas y respiradores por un total de $3,5 millones.

Desde agosto, luego de una publicación de La Nación sobre presuntas irregularidades en la compra de 12 millones de mascarillas por $4 millones a MR Comunicaciones Políticas y el contador David Landergren Castro, la Auditoría Interna también remitió documentos a la Fiscalía.

Precisamente, este jueves, el auditor de la CCSS confirmó a los diputados prácticas incorrectas en esa adquisición.

Entre las cosas que reprochó está el hecho de que la Gerencia de Logística haya excluido, a la hora de calificar las ofertas de los proveedores, la variable de experiencia, pues a su juicio ese era un elemento clave, en especial por la importancia de contar con mascarillas de calidad médica en medio de la pandemia.

“No es correcto soslayar un requisito tan importante como ese, la experiencia en este caso es fundamental para garantizar la transparencia y la pureza de los procesos”, aseveró Sánchez.

Otro aspecto criticado por el funcionario fue el nombramiento de una comisión técnica que se encargara de revisar, de manera exclusiva, la calidad de mascarillas, guantes, gorros, gabachas y otros, pues, afirmó, ya existían comisiones nombradas con experiencia y capacidad para hacer esas inspecciones.

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Agregó que a él no le consta que la Gerencia de Logística haya revisado los atestados de los tres miembros de esa comisión para corroborar que tuvieran la competencia necesaria para garantizar la calidad de los productos a comprar para la atención de la pandemia.

Se trata de Nidia Medrano, Soraya Solano y Esteban Corrales, quienes fueron separados de esa responsabilidad el 30 de agosto por parte del gerente interino de Logística, Esteban Vega de la O.

Por último, ante una pregunta de la diputada liberacionista Yorleny León, el auditor censuró que Hans Vindas Céspedes, uno de los asesores del Gerente de Logística, actuara como intermediario entre los contratistas y la comisión técnica sin tener esas funciones.