El auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Olger Sánchez, manifestó este jueves ante los diputados la imposibilidad de descartar que funcionarios de mayor rango estén involucrados en presuntas irregularidades, relacionadas con las millonarias compras de mascarillas médicas descartables para proteger al personal de salud en medio de la pandemia.

Esa fue la respuesta ante consultas de legisladores miembros de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos ante la cual compareció, como parte de la investigación que abrió ese foro en torno a la adjudicación, realizada el 27 de mayo, de 12 millones de mascarillas por $4 millones a favor del contador público costarricense, David Landergren Castro y de MR Comunicaciones Políticas, empresa de asesorías políticas propiedad de la periodista española, Miren Martínez Ruiz.

Landergren entregó los 7 millones de mascarillas con meses de atraso y MR Comunicaciones Políticas no proporcionó ni una sola de los 5 millones de unidades requeridas.

Los incumplimientos de esos contratistas comprometieron la oportuna distribución de equipo de protección personal en clínicas y hospitales y obligó a la institución a gestionar otras adquisiciones de urgencia.

Este caso, dado a conocer por La Nación el 4 de agosto, motivó la investigación de la Auditoría Interna de la CCSS, la apertura de una investigación en el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y esta comisión legislativa.

Producto de la investigación preliminar elaborada por la Auditoría, están bajo investigación nueve funcionarios de la CCSS, entre ellos Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística y dos de sus asesores, María Díaz Rivera y Hans Vindas Céspedes, quienes permanecen suspendidos con goce de salario mientras avanzan las pesquisas.

También fueron trasladados de puesto como medida cautelar Miguel Salas Araya, director del Adquisición de Bienes y Servicios y Maynor Barrantes Castro, jefe del Área de Aprovisionamiento.

No obstante, podría haber más funcionarios, según las palabras del auditor.

"Yo no podría descartar que, eventualmente, exista responsabilidad de otros funcionarios de mayor rango porque hay un elemento fundamental: nosotros no tenemos dominio del hecho en el sentido de que pueden existir elementos que se están investigando que trascienden las competencias de la Auditoría Interna.

“Nosotros no tenemos acceso a, por ejemplo, cuentas bancarias o a información privada entre funcionarios y esto es lo que hemos trasladado, como parte de nuestro deber, al Ministerio Público, para que ellos actúen en el ámbito de sus competencias”, dijo Sánchez frente a preguntas de varios congresistas sobre la posible participación de otros funcionarios de la CCSS.

Añadió que, en la actualidad, el caso está en manos del Centro de Instrucción del Procedimiento Administrativo de la CCSS y deberán emitir una resolución para determinar si las personas involucradas faltaron a su deber como funcionarios públicos.

“Lo que señalamos en nuestros informes es que deben establecerse acciones sancionatorias, si se demuestra falta grave debe procederse con el despido y en sede penal estamos señalando al Ministerio Público que deberá actuarse conforme al legajo probatorio y, eventualmente, elevar al juez penal los hechos si se determina la existencia de un delito”, expresó el auditor.

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En esa línea, desde el 20 de agosto, la Auditoría Interna le solicitó a la División Jurídica de la CCSS nombrar a un abogado que represente a la entidad en el proceso judicial abierto sobre ese asunto.

El auditor añadió que desde que trasladaron el informe de investigación preliminar al Ministerio Público, el 18 de agosto, han atendido 21 requerimientos de traslado de documentos y pruebas.

“Hemos establecido relaciones de coordinación con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (...) hemos remitido toda la documentación original de los procesos de compra escrutados por la Auditoría Interna”.

También respondieron más de 80 peticiones de la Contraloría General de la República relacionadas a este tema.

Más cuestionamientos

El jefe de la Auditoría Interna no escondió su malestar por otros hechos relacionados a la millonaria compra de mascarillas a Landergren y MR Comunicaciones Políticas.

Entre las cosas que reprochó está que la Gerencia de Logística haya excluido, a la hora de calificar las ofertas de los proveedores, la variable de experiencia, pues a su juicio ese era un elemento clave, en especial por la importancia de contar con mascarillas de calidad médica en medio de la pandemia.

“No es correcto soslayar un requisito tan importante como ese, la experiencia en este caso es fundamental para garantizar la transparencia y la pureza de los procesos”, aseveró Sánchez.

Otro aspecto criticado por el funcionario fue el nombramiento de una comisión técnica que se encargara de revisar, de manera exclusiva, la calidad de mascarillas, guantes, gorros, gabachas y otros, pues, afirmó, ya existían comisiones nombradas con experiencia y capacidad para hacer esas inspecciones.

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Agregó que a él no le consta que la Gerencia de Logística haya revisado los atestados de los tres miembros de esa comisión para corroborar que tuvieran la competencia necesaria para garantizar la calidad de los productos a comprar para la atención de la pandemia.

Se trata de Nidia Medrano, Soraya Solano y Esteban Corrales, quieres fueron separados de esa responsabilidad el 30 de agosto por parte del gerente interino de Logística, Esteban Vega de la O.

Por último, ante una pregunta de la diputada liberacionista Yorleny León, censuró que Hans Vindas Céspedes, uno de los asesores del Gerente de Logística, actuara como intermediario entre los contratistas y la comisión técnica sin tener esas funciones a cargo.