Luego de dos días de discusión en el plenario de la Asamblea Legislativa, los diputados rechazaron de forma unánime la liquidación de los presupuestos del 2019, tal como lo había recomendado la Comisión de Hacendarios.
En una votación unánime de 41 legisladores, incluidos los de Acción Ciudadana (PAC), y después de lanzar numerosas críticas a la gestión de gasto del Poder Ejecutivo, los congresistas avalaron los cuestionamientos de la Contraloría General de la República (CGR) a la gestión de los gastos gubernamentales.
El informe negativo que acogieron los parlamentarios concluye que los presupuestos nacionales deben ser un instrumento de planificación y control, no un simple ejercicio contable de ingresos y gastos.
“La liquidación del 2019 demuestra la frágil estabilidad macroeconómica del año 2019, previo a la pandemia del covid-19. (...) La norma de ejecución presupuestaria número 10 permitió evidenciar una serie de deficiencias en planificación en diversos programas, particularmente recurrente en gastos fijos de alquileres y otros servicios fijos”, dice el informe que castiga la ejecución presupuestaria.
Para el 2018, el Gobierno Central ejecutó ¢9,7 billones, lo que significó una ejecución del 89%, con ¢1,1 billones de subejecución.
Entre los excesos presupuestarios que encontraron los diputados de la Comisión de Hacendarios están la cuestionable necesidad de partidas para pago de consultorías y una deficiente planificación de contratos anuales en servicios básicos, como agua y electricidad, así como seguridad y limpieza.
En sintonía con la Contraloría, los diputados reclamaron que no hay claridad sobre los recursos que, durante el ejercicio económico 2019, generó la amnistía tributaria aprobada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ley 9635.
“Con respecto al crecimiento de los presupuestos en 15 títulos presupuestarios, se presentó un gasto superior al establecido en la directriz de cero crecimiento anterior a la aprobación del presupuesto”, dice también el informe negativo.
Igualmente, el documento critica que se relegara el desarrollo de infraestructura y de inversión pública, para beneficio de otras necesidades más inmediatas y cortoplacistas.
Eso generó que el país vuelva la mirada a la deuda externa para atender necesidades, lo cual no consideran negativos los congresistas, pero sí criticaron la forma en que se administran y ejecutan los financiamientos internacionales.
En cuanto a errores específicos, encontrados en la liquidación de los presupuestos, los diputados señalaron que hubo sumas giradas de más, tanto en salarios para el MInisterio de Educación Pública (MEP) y en la Dirección Nacional de Pensiones.
En el caso del MEP, se giraron ¢50.500 millones y en pensiones, ¢3.277 millones. Hubo metas sin los supuestos para establecerlas debidamente documentadas, concluyeron los legisladores.
“Hay escasa valoración de riesgos internos y externos que afecten los resultados y metas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública”, dice el dictamente del expediente 22.083.
Entre los cuestionamientos, también se alegó que una gran parte de las instituciones no divulgaron información sobre el cumplimiento de las metas.
“Se incumplen flagrantemente los principios de equilibrio y de anualidad, y de publicidad”, enfatiza el documento.
En los últimos seis años, desde el 2013, las recomendaciones siempre han sido improbar la liquidación de gastos presupuestarios; sin embargo, los ejercicios 2013, 2014 y 2015 obtuvieron aprobaciones, no así los años 16 a 18.
Presidenta de Hacendarios: ‘Esto es una tragicomedia’
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Silvia Hernández, se preguntó este jueves si la discusión de la liquidación del presupuesto tiene algún sentido, cuando los errores señalados por la Contraloría siguen apareciendo y no se solucionan.
“De corazón me pregunto si este ejercicio tiene algún sentido. Este ‘ritual’ es como una tragicomedia, donde una ni se ríe ni llora. Es simplemente aburrido, tedioso, sin sentido ni utilidad práctica”, manifestó la liberacionista.
Agregó que la discusión, generalmente extensa sobre los gastos del año anterior, se ha vuelto una absurda rutina anual. “No se toma ni siquiera la molestia de contrarrestar el informe de improbación”, indicó.
“Eso no debería ser así. Menos hoy cuando estamos en nuestra peor crisis económica de la historia, cuando nos cuesta muchísimo acceder a fondos. ¿Vamos a seguir repitiendo estos aburridos rituales solo por cumplir con un requisito parlamentario o vamos a hacer algo importante?", alegó Hernández.
La subjefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz, explicó que el presupuesto se imprueba por irregularidades en remuneraciones y dijo que se requieren ajustes estructurales urgentes para una operación financiera equilibrada y resultados ineficientes.
“Están fuera de esta liquidación la efectividad y la eficiencia. El presupuesto nacional debe aprobarse, sí o sí, pero eso no es justificación que nos legitime para hipotecar el futuro de Costa Rica”, indicó.
Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, enfatizó que no hay respaldos sobre el establecimiento de metas, cuando se supone que desde que se plantea un presupuesto y cada institución lo defiende, estas metas “deben estar claras y bien establecidas”.