El Ministerio de Hacienda negocia en intensas horas de reuniones con todas las fuerzas políticas para consolidar el apoyo necesario para su proyecto de reforma fiscal, pero enfrenta en cada nueva cita, peticiones de los partidos que ponen en riesgo la potencia que busca el Gobierno en su plan de ley.
Poco después de un nuevo encuentro con diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró, ante consulta de La Nación, que uno de los principales retos de la iniciativa es repartir las cargas de manera adecuada.
“La idea no es que algunos se queden sin impuestos y algunos otros con todo el peso”, explicó el funcionario, uno de los encargados de la negociación y de atender las peticiones de las agrupaciones políticas para favorecer a ciertos sectores.
A cada nueva cita, los partidos reiteran sus peticiones, como lo hace Restauración Nacional (PRN) con su idea de no gravar del todo los productos de la canasta básica con el impuesto al valor agregado (IVA), pero el Gobierno también topa con más solicitudes y demandas.
“Las dudas de los partidos son un poco el tema que todos estamos recibiendo, dudas de los diferentes grupos que, de una u otra manera, se ven afectados y tienen preocupaciones en relación con cuál va a ser el impacto de la medida”, dijo Acosta.
El viceministro de Ingresos también explicó que lo complicado es que, por ejemplo, si Hacienda ocupa 1.000 colones y las exigencias de los partidos le restan 500 colones, no se puede hacer nada.
“Es que, en esto, cada cosa que usted quite le resta plata y hay que hacer esas valoraciones para tener certeza de que estamos haciendo lo correcto y de que el costo no es exorbitante, para poder hacerlo”, detalló el funcionario.
En la carpeta de peticiones que el PLN le presentó nuevamente a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, este viernes anterior, están que se cobre el IVA a servicios sobre agua, electricidad y alquileres, pero solo sobre el excedente que sobrepase los umbrales establecidos y no sobre el total.
Silvia Hernández, diputada verdiblanca, manifestó que también buscan que la cadena de producción de medicamentos y la cadena de producción de bienes de la canasta básica tengan una tasa del impuesto preferencial, o bien que esté exenta.
“Más que una respuesta de no, nos interesa saber cuánto se va a erosionar la reforma con eso”, señaló la verdiblanca.
Hernández comentó que están satisfechos con los cambios solicitados a Hacienda y que ya fueron incorporados en el borrador que el Poder Ejecutivo puso en la mesa de diálogo hace una semana.
El PLN además está solicitando que la venta de cabezas de ganado, o sea, animales vivos, también reciba una tasa preferencial del IVA.
A criterio del viceministro de Hacienda, ellos no han podido explicarles satisfactoriamente a las fracciones legislativas que “ningún productor se verá afectado” por el impuesto al valor agregado porque, al final, eso se transfiere al consumo de los bienes.
“Entonces, el valor agregado es lo que se va a pagar, única y exclusivamente, no sobre el adicional”, dijo, al reconocer que “eso es lo que cuesta que los grupos entiendan”.
“Para mí, desde el punto de vista práctico, es mejor estar tasado que estar sin tasar, para cualquier productor, porque entonces lo que se le paga a Hacienda es únicamente la diferencia en el valor agregado, lo que el productor le aporta”, comentó.
La lista de peticiones liberacionista se engrosa con el capítulo de renta, donde esa fracción legislativa trata de que las empresas nacionales mantengan el beneficio de poder deducir todos los intereses que pagan por préstamos en su declaración de renta.
Hernández explicó que el supuesto para que se haga eso sería que las compañías tengan sus deudas con entidades financieras “formalmente registradas ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)”.
Aunque el PLN plantea que ese beneficio se enfocaría en pequeñas y medianas empresas, la diputada Hernández reconoció que también se verían beneficiadas las grandes compañías.
En este punto, Acosta manifestó que lo principal es cerrar el portillo a la elusión de impuestos a través del sobreendeudamiento. El problema para Hacienda, añadió, es que muchas empresas reducen el monto que deben pagar por impuestos haciendo pasar todos los intereses por préstamos bancarios como gastos asociados con su operación, pero el Gobierno sostiene que eso no siempre es así.
“Todos estamos de acuerdo en que hay que cerrar portillos para la elusión fiscal y estamos tratando de construir algo lo suficientemente sólido para evitar que se aplique como mecanismo para la elusión, pero lo suficientemente aplicable a aquellas entidades que puedan reflejar que el endeudamiento es propio de la actividad”, dijo el viceministro.
Duro camino al consenso
A pesar de que a finales del gobierno pasado, el Partido Acción Ciudadana (PAC) logró el consenso de Liberación y de la Unidad Social Cristiana (PUSC) para ir adelante con la reforma fiscal, esta vez el pedregoso camino hacia el acuerdo ha sido aún más extenso y duro.
Hernández, quien integra la Comisión Especial de Reforma Fiscal, expresó que su partido sí está encaminado al consenso, pero resaltó que el Gobierno sigue convocando a la mesa al PRN y al PUSC. “Me parece que no han cerrado negociación con las otras fracciones. No están haciendo una apuesta a juntar la mayoría, sino a tener los mayores acuerdos posibles, es mi lectura”, comentó la verdiblanca.
Agregó que a ella le parece que el diálogo va bien, pues no se ha llegado al encuentro de un no rotundo, pero tampoco al sí definitivo.
El lunes será definitivo, pues ese día se aprobaría el acta de la comisión especial, para dejar en firme los cambios de fondo aprobados en el primer día de mociones, para entrar en el segundo día de mociones a finales de la semana.