Política

Trayectoria de la deuda pública empezaría a descender en 2022, estima presidente del BCCR

Es una noticia positiva para los mercados financieros, dijo Róger Madrigal, porque significa la sostenibilidad de la deuda del Gobierno Central

El porcentaje de la deuda del Gobierno Central con relación al tamaño de la economía nacional habría alcanzado su punto máximo en el 2021, entre uno y tres años antes de lo inicialmente proyectado por Hacienda, declaró el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal.

Significa que el techo del endeudamiento podría ser el 68,2% del producto interno bruto (PIB) alcanzado el año pasado y es probable que ese porcentaje empiece a decaer a partir del 2022, de acuerdo con el jerarca, como resultado de las medidas fiscales tomadas por el Gobierno y los diputados del periodo anterior.

Así se lo comunicó Madrigal este miércoles a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde avaló la solicitud del Gobierno actual de colocar $6.000 millones en eurobonos que podrían ser revalidados en cinco años con otros $6.000 millones, así como una línea de crédito anual por $500 millones para los próximos cuatro años.

Su proyección para el 2022 es que el porcentaje de la deuda pública con relación al PIB baje al 67,6% y continúe con la trayectoria descendente en los próximos cinco años, cuando, en el 2027, llegue al 63,2%.

“Es importantísimo. Más bien hemos tratado de no hacerle mucha publicidad porque está por verse, pero es un resultado muy, muy positivo”, celebró el presidente del Banco Central sobre el punto de quiebre que habría alcanzado la deuda pública en 2021.

Recordó que algunas estimaciones oficiales indicaban, en principio, que el punto de inflexión sería en 2024, luego, en 2023, y durante las discusiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a principios del 2021, “se jugó con la idea del 2022″, según añadió.

“Pero las cifras que estamos viendo en este momento y que Hacienda ha publicado, pareciera ser posible que ese punto de inflexión haya ocurrido en 2021. O sea que, la razón de deuda/PIB, al finalizar el 2022, sea ligeramente menor que lo que fue en 2021 y, así sucesivamente, en los años siguientes”, subrayó.

La meta negociada con el FMI es reducir el endeudamiento al 50% del PIB, en el 2035. En un principio, Hacienda había estimado que con el ajuste fiscal negociado con el organismo, la deuda pública alcanzaría el 73,3% del PIB, en 2025, y ya con una tendencia a la reducción; en lugar de 83,7% con una ruta ascendente.

No obstante, las cifras reveladas por Madrigal son inferiores a las estimaciones iniciales. “Lo cual, desde el punto de vista de los mercados financieros, es muy positivo, porque eso habla sobre la sostenibilidad de la deuda. Es algo que deberíamos de aprovechar”, subrayó.

Deuda del Gobierno con relación al PIB

Proyecciones de Hacienda publicadas por el BCCR

FUENTE: BCCR con información del MInisterio de Hacienda    || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

En monto nominal, el saldo de la deuda pública alcanzó los ¢28,7 billones al 30 de abril de este año, reveló la Contraloría General de la República (CGR).

Por otra parte, el presidente el BCCR, Róger Madrigal, avaló la solicitud al Congreso del Ministerio de Hacienda, de que le aprueben una colocación de $6.000 millones en eurobonos para los próximos cinco años, los cuales serían renovados por un monto similar, para pagar los primeros, a partir de los primeros vencimientos.

Para el jerarca, no implica deuda nueva, sino que sería parte de lo que en principio los diputados aprueban anualmente en el Presupuesto Nacional. Además, sería financiamiento externo contratado a mejores plazos y con tasas de interés más barata que en el mercado local, por lo que ayudaría a la sostenibilidad de las finanzas públicas, y a presionar menos el mercado interno del crédito y el tipo de cambio del dólar.

“No es para gastar más, sino gastos autorizados a menor costo”, resumió Madrigal.

No obstante, el presidente del BCCR recomendó hacerle ajustes al texto, como sugerir una tasa máxima de colocación de la deuda para evitar roces con la Constitución Política, y que el banco colocador tenga una calificación crediticia mínima de A, entre otras sugerencias.

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