“Téngame paciencia”, solicitó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, este miércoles, al ser consultado en conferencia de prensa sobre cuándo comenzará a implementar las acciones prometidas para reducir el precio del arroz en el país.
El pasado 8 de mayo, tras asumir el poder, Chaves anunció un decreto ejecutivo para eliminar el precio mínimo de ese cereal en el país. Luego, lo envió a consulta pública durante 10 días para recibir opiniones no vinculantes de sectores involucrados; etapa que ya finalizó.
“El decreto del arroz lo firmo apenas me lo pase (la Oficina de) Leyes y Decretos. Eso es un procedimiento administrativo”, declaró el mandatario al final de la sesión del Consejo de Gobierno.
No obstante, según señaló el propio gobernante, esa medida será insuficiente para lograr una reducción considerable en el precio del alimento. Por eso, indicó que serán necesarias acciones complementarias, las cuales Presidencia aún no revela.
“Esa ruta ha sido compleja por muchas razones. Hemos hecho muchísimos estudios sobre cuándo es el mejor momento y qué instrumentos de compensación hay que darle a los productores, para ayudarlos durante la transición y estamos ajustando los detalles”, indicó el gobernante.
Si existen estudios que así lo detallan, entonces ¿cuándo es el mejor momento para implementar esas posibles medidas?, se le consultó . Ante la pregunta, Chaves respondió: “Ya sabemos cuándo vamos a salir, téngame paciencia, porque requiere unos ajustes, pero de que vamos a ir vamos a ir. Eso es un compromiso que adquirimos y que vamos a cumplir”.
El presidente agregó: “Anunciaremos un plan completo. El objetivo es muy ambicioso, que es bajar el precio por kilo de una manera sustantiva”.
El pasado lunes, Chaves aseguró que “hay gente que está obstaculizando” sus acciones para bajar el precio del arroz. No obstante, no identificó a los supuestos responsables y tampoco precisó cuáles acciones estaban bloqueando ni cómo lo hacían.
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Mandatos deben estar fundamentados
Como resultado del proceso de consulta pública, que terminó el pasado 1.° de junio, un total de 20 actores enviaron comentarios a Presidencia sobre el proyecto de decreto para eliminar el precio mínimo del arroz.
Si bien esas observaciones no son vinculantes, es decir, no son de acatamiento obligatorio para el Poder Ejecutivo, los alegatos deben ser revisados cuidadosamente.
De lo contrario, futuros reclamos podrían traerse abajo la medida, coincidieron los abogados Marvin Carvajal, exdirector jurídico de Casa Presidencial, y Alan Thompson, especialista en Derecho Administrativo.
“Las opiniones que ofrezcan los sectores consultados no pasan de ser opiniones. Normalmente, dependiendo del tema y del sector, la opinión puede venir probablemente reforzada con argumentos jurídicos y técnicos, a veces muy fuertes, a veces no tanto, y requerirán por parte del Ejecutivo un periodo de análisis para determinar si procede seguir adelante con el proyecto de decreto”, afirmó Carvajal.
El abogado añadió: “En este caso, podría ser que algunas de las intervenciones que se dieron en el procedimiento generen algunas dudas en cuanto a algunos aspectos”.
Thompson también señaló que el Ejecutivo debe fundamentar técnicamente las razones por las cuales no se acogió algún alegato de los sectores. Asimismo, recordó que en el pasado un decreto relacionado con el precio del arroz se vino abajo por reclamos en la vía administrativa.
“Las observaciones que se reciban deben ser analizadas y tiene que darse una justificación de por qué no se acogieron o no se consideraron pertinentes. No es que el Gobierno está obligado a incorporar todas las observaciones, pero sí tiene que haber un ejercicio de análisis y de justificación. Eso sería parte de la fundamentación de la versión final del decreto”, aseveró Thompson.
El especialista agregó que este tipo de acciones deben fundamentarse en estudios técnicos, de lo contrario podría tener un vicio en la fundamentación del acto.
“Hay un antecedente porque el Tribunal Contencioso Administrativo había anulado un decreto sobre este tema, precisamente por falta de estudios técnicos suficientes. Sí es un elemento importante que la medida se fundamente en estudio técnicos”, señaló.
¿Qué dijeron los sectores?
Importadores nacionales y la organización Consumidores de Costa Rica señalaron, como parte del proceso de consulta abierto por el Gobierno, que la eliminación de la banda mínima, como se propone en el decreto de Chaves, es insuficiente para disminuir el costo del arroz pilado. El presidente también lo reconoció.
Por otra parte, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), una organización pública no estatal que agrupa a agroindustriales y productores del grano, presentó varias objeciones sobre el texto.
Entre otros aspectos, Conarroz señaló que previo a ser modificadas las bandas, se debe contar con estudios técnicos sobre el impacto que provocaría la apertura. Sin embargo, manifestó que la propuesta del Ejecutivo no menciona ningún estudio de impacto que la respalde.
La Corporación también señaló que el sector arrocero no fue tomado en consideración previo a la publicación de la consulta pública y explicó que, al tratarse de un mercado poco competido, la regulación de precios debe verse como algo permanente por el riesgo de colusión (acuerdo entre dos o más partes para limitar la libre competencia en el mercado).
Además, los arroceros añadieron que uno de los informes tomados en cuenta en el decreto cuenta con limitaciones que generan que no sea prudente emitir conclusiones a partir de este y que, además, se encuentra desactualizado con las regulaciones vigentes.