El presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirmó este lunes que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está obligada a pagar el aumento salarial con carácter retroactivo a sus 63.000 trabajadores.
Chaves calificó esa decisión como un error y un acto lamentable para los intereses del país, debido a que, según él, esos recursos pudieron haberse invertido en infraestructura hospitalaria.
El aumento salarial, que va de ¢7.500 a ¢8.500 para los funcionarios de la institución, tendrá un costo de ¢10.000 millones anuales, más otros ¢29.000 millones para cubrir el ajuste retroactivo desde el año 2020.
“Es un gran error. Con ese aumento hubiéramos podido terminar el hospital de Limón y quién sabe qué cosas más. Me pareció un gran error, un tema serio”, declaró el mandatario.
En esa misma línea, el presidente Chaves responsabilizó por esa decisión a Álvaro Ramos, expresidente del Seguro Social, a quien destituyó luego de un diferendo justamente por haber votado a favor del ajuste salarial.
“El presidente ejecutivo anterior lo convocó sin mi permiso a la Junta Directiva, o sin mi consulta. Él representa al Gobierno en la Junta Directiva y se fue solo”, declaró el presidente Chaves.
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De acuerdo con el mandatario, las acciones del Gobierno ya no se centran en intentar frenar dicho acuerdo, sino en determinar si existe responsabilidades legales de los directivos que aprobaron el aumento.
A inicios de noviembre, el presidente Chaves informó en conferencia de prensa de que recibieron una denuncia en contra de cuatro directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por votar el aumento salarial pese a tener familiares en la institución.
La denuncia, indicó Chaves, se interpuso ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) y el Consejo de Gobierno. Según constató La Nación, la denuncia interpuesta ante la Presidencia es anónima.
“Lo que estamos viendo son las consecuencias legales, si existiesen, de quienes votaron en un aparente, o más bien claro conflicto de intereses, diría yo, pero creo que ese aumento sí hay que pagarlo. Lamentable, hicimos lo posible, pero no siempre ocurre lo que uno piensa que es mejor para el país”, concluyó el mandatario.
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La Nación reveló, el 26 de octubre, que tienen familiares en la CCSS los directivos Martha Rodríguez, representante de los sindicatos; José Luis Loría, del movimiento cooperativista; Jorge Arturo Hernández, de los patronos; y Carlos Salazar, del Poder Ejecutivo.
Esos directivos tienen hermanos, hijos y sobrinos que laboran para la CCSS y, por lo tanto, se beneficiarían del aumento salarial
La nueva presidenta ejecutiva de la entidad, Marta Eugenia Esquivel, también ordenó a la Auditoría General de la CCSS, investigar si los directivos cometieron alguna ilegalidad.