Restauración se desmarca de idea de Cruickshank de cobrar impuestos a zonas francas

El Partido Restauración Nacional (PRN) se desmarcó de la idea de su diputado y presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, de cobrar un impuesto a las zonas francas.

“Es una opinión personal de don Eduardo”, afirmó Carlos Avendaño, legislador y presidente de Restauración. “Las zonas francas generan más de 100.000 empleos directos y 150.000 empleos indirectos. Si nosotros le metemos impuestos lo que sucederá es que se van a ir a otros países a instalarse allá y vamos a tener más desempleo aquí en Costa Rica”.

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Cruickshank planteó la posibilidad de impulsar un impuesto para las zonas francas durante la reunión que él y Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, sostuvieron con el presidente Carlos Alvarado la noche del martes.

Además de hablar de impuestos a las empresas instaladas en estos regímenes, el presidente de la Asamblea Legislativa propuso nuevos tributos para sportsbooks, casinos y casas de apuestas.

El diputado contradijo la posición externada por el PRN, la semana pasada, de que no daría votos para nuevos impuestos, y la suya misma, de que no hay ambiente en el Congreso para aprobar tributos adicionales.

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Este miércoles, Cruickshank aclaró que él no planteó una propuesta formal, sino que las sugerencias se dieron dentro de un marco de una conversación amena entre presidentes de los poderes de la República. También, remarcó que lo hizo a nivel personal.

Sin embargo, Casa Presidencial informó de que el presidente legislativo incluyo la idea de gravas las zonas francas dentro de “una serie de propuestas que, a su entender, serían factibles de pasar en la Asamblea Legislativa”.

Avendaño insistió en que las sugerencias de Cruickshank de establecer otros tributos se dieron en un acercamiento con el mandatario como parte de un ejercicio previo de un llamado al diálogo y a evitar la violencia.

Al respecto, el presidente del Congreso dijo: “Hicimos algunas sugerencias que al presidente le corresponderá valorar; yo no he hecho ninguna propuesta”.

El jerarca también aclaró que lo conversado con el mandatario no es diferente a su opinión emitida hace tres semanas, cuando, según insistió, dijo que no había ambiente para aprobar, en el Congreso, la propuesta inicial que el Gobierno le presentaría al Fondo Monetario Internacional (FMI)-

Esa versión, que se acentuaba sobre más impuestos, ya fue retirada por el mandatario.

“En ese video, digo que no creo que se debe cargar más impuestos sobre los hombros de las personas que ya tienen tributos, se debe sobre los que tienen una carga liviana o no la tienen del todo, de manera que no estoy siendo inconsistente”, continuó.

Las otras sugerencias del jerarca del Congreso, la noche del martes, fueron crear nuevos impuestos a los salarios superiores a los ¢4 millones y un tributo, por una única vez, “quizás del 3%, sobre capitales superiores a los ¢50 millones”.

La legislación actual establece, para casinos y sportsbooks, impuestos específicos.

El Gobierno cobra, por ejemplo, un 10% sobre los ingresos netos por la explotación de casinos legalmente autorizados, un 60% del salario base por cada mesa de juego autorizada por el Ministerio de Seguridad Pública y un 10% de un salario base por cada máquina tragamonedas.

Fabio Salas, socio de impuestos de Deloitte, explica que adicional a esos tributos tributos específicos los casinos están expuestos al pago de impuesto por utilidades y, eventualmente, al de ventas.

Sobre las empresas de llamadas telefónicas o sportsbooks la misma ley les da un tratamiento diferente. “Las empresas dedicadas a la recepción y procesamiento de datos que generan apuestas, normalmente desde el exterior, tendrán la obligación de pagar impuestos de acuerdo a su tamaño”, explicó Salas.

Eso significa que si un sportsbooks tiene menos de 50 empleados deberá cancelar la suma correspondiente a 57 salarios bases, si tiene entre 51 y 99 trabajadores pagaría el equivalente a 85 salarios bases.

En caso de que tenga más de 100 empleados, tendrá que pagar 113 salarios bases. “Este será un impuesto que se calcula anualmente pero se paga de manera trimestral”, explicó el socio de Deloitte.

En cuanto a la evasión y la elusión fiscal, Cruickshank recomendó implementar un plan para combatirlas fuertemente.

Sobre recorte al gasto publico, el jerarca legislativo sugirió congelar nuevas contrataciones en las instituciones por un periodo de dos años, y la eliminación temporal de consultorías, salvo excepciones.

Avendaño subrayó que el PRN sigue en la misma línea de no respaldar nuevos tributos dentro de una propuesta de ajuste fiscal que procure sanear las finanzas públicas.

Esa misma posición de la bancada contiene la demanda de que se revise exoneraciones y exenciones fiscales al margen de las zonas francas, combatir fuertemente la elusión y la evasión y recortar más el gasto publico.

Ese recorte al gasto público debería ser a través de reformas estructurales, añadió el líder de Restauración Nacional, al tiempo que propuso generar nuevos ingresos a través de la exploración de recursos naturales como el oro en Crucitas, el petróleo y el gas natural.

“Ya es hora, es un momento histórico para al reforma estructural del Estado, instituciones haciendo duplicidad de funciones o que no dan la talla como el mismo Conavi y el CNP. Todos son aspectos que señalamos, pero al final del día tenemos que ver la ruta de estrategia que el Poder Ejecutivo nos planteará”, subrayó.

En tanto, al diputado Avendaño se le consultó por qué pide recorte al gasto público, reformar el Estado y, a la vez, en el proyecto de reforma al empleo público se opone aplicar un salario global para los actuales funcionarios.

Esto fue lo que respondió: “En una reforma estructural no podemos seguir manteniendo el tipo de Estado que tenemos. Es grande, costoso e ineficiente. El tema de empleo público y de recorte a la planilla se tiene que hacer de la manera que cause menos estragos”.

“Por ejemplo, establecer la creación de plazas a partir de una fecha específica en adelante, salvo excepciones. Yo diría que debemos tener cuidado (con implementar un salario global a los actuales funcionarios). Primero, porque hay derechos adquiridos y, luego, porque se trata de hacer cosas inteligentes que lleven tranquilidad a la familia costarricenses y no esos exabruptos”.