Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), denunció penalmente a ocho miembros del Consejo Universitario (CU) por los supuestos delitos de usurpación y abuso de autoridad.

La denuncia la tramita la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José y gira en torno a un laboratorio especializado en cáncer, construido en la UCR con fondos del Banco Mundial (BM).

Ante el Ministerio Público, Jensen alegó que un acuerdo “abusivo e ilegítimo” del Consejo Universitario pone en riesgo la finalización de la obra, lo cual expone a la universidad a caer en un incumplimiento ante el BM.

El rector explicó que, en diciembre próximo, la UCR debe demostrar que la obra de $5,3 millones está completa.

Según la Vicerrectoría de Docencia de la UCR, el acuerdo que el CU tomó en marzo también atrasa la puesta del laboratorio a disposición de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de los pacientes que requieren ser diagnosticados.

La Fiscalía confirmó que dirige una investigación dentro del expediente 19-001529-0175-PE a raíz de una denuncia interpuesta el 26 de mayo.

Los denunciados son Teresita Cordero, directora del Consejo; Miguel Casafont, del área de Artes y Letras; Guillermo Santana, del área de Ingeniería; Madeline Howard, del área de Salud; Patricia Quesada, de las sedes regionales; y Marco Vinicio Calvo, de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios; así como las estudiantes Paula Jiménez y Silvana Díaz.

La Nación procuró conocer la versión de los hechos de Cordero y Santana, autores de la propuesta del Consejo, pero la directora indicó que por una situación personal no podía atender la entrevista antes del cierre de este artículo.

Santana no atendió los mensajes y llamadas que se le realizaron. Tampoco fue posible obtener la reacción del CU a través de la oficina de prensa de ese órgano universitario.

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CU alega inestabilidad y ‘dudoso apego’ al estatuto

El Laboratorio de Docencia en Cirugía y Cáncer (DCLab) es uno de los 19 edificios que la UCR construyó con los $50 millones que le correspondieron del préstamo suscrito entre las universidades públicas y el Banco Mundial en el 2012, por medio de una ley.

Las instalaciones, ubicadas en Montes de Oca, en la Ciudad de la Investigación, se dedicarán al desarrollo de nuevas técnicas para la detección del cáncer, al diagnóstico de pacientes y al entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva.

El complejo, construido y con la mayor parte del equipo ya instalado, se presentó al país en junio pasado.

La idea de crear un centro universitario de investigación en ciencias médicas lo planteó la Escuela de Medicina en el 2011.

En el 2016, cuando aún no se había construido, la Escuela lo incluyó en su organigrama.

No obstante, en julio del 2017, la Rectoría le informó a dicha unidad académica de que el proyecto lo financiaría el BM, y que sería adscrito a la Vicerrectoría de Investigación. Finalmente, se registró en la Vicerrectoría de Docencia.

El enfrentamiento con el Consejo Universitario se inició el pasado 26 de marzo, cuando el CU aprobó una propuesta de Teresita Cordero y de Guillermo Santana que dejó sin efecto las actuaciones de la Rectoría y la Vicerrectoría de Docencia.

El CU se basó en un dictamen de la Asesoría Jurídica del Consejo, el cual concluyó que el laboratorio experimentó inestabilidad, y que terminó en Docencia sin razones académicas ni jurídicas.

“Se verifica que los acometidos que ha tenido el laboratorio tienen una relación directa con la investigación, por lo que su final adscripción a la Vicerrectoría de Docencia resulta de dudoso apego al texto del Estatuto Orgánico”, dice el dictamen.

Los integrantes del CU resolvieron dejar sin efecto la adscripción del DCLab a la Vicerrectoría de Docencia.

Además, le indicaron a Jensen que debía abstenerse de realizar cualquier acto administrativo o ejecutivo relacionado con el centro, hasta que ellos se pronunciaran al respecto.

“Toda actuación posterior en desacato a este acuerdo será objeto de responsabilidad”, dice el acuerdo del CU, el cual alegó que es su responsabilidad fiscalizar la gestión de la UCR.

Jensen: ‘Es un acuerdo nulo’

En su denuncia, Jensen afirmó que los integrantes del Consejo carecen de autoridad para anular las órdenes que él emite. El rector sostiene que el órgano tampoco puede prohibirle ejercer sus atribuciones, ni amenazarlo con consecuencias en caso de desobediencia.

“Por lo tanto, dicho acuerdo resulta abusivo en el tanto excede sustancialmente el acto para el cual ha sido investido el Consejo Universitario como autoridad y siendo igualmente, ilegítimo”, alegó Jensen en la denuncia penal.

Además de considerar sus derechos vulnerados, el jerarca de la UCR afirmó que el acuerdo del Consejo pone en riesgo la finalización del DCLab.

“La Universidad de Costa Rica adquirió serios compromisos económicos, cuyo cumplimiento se pone en riesgo al decidir indebida y arbitrariamente el Consejo Universitario, ordenarle a la Rectoría abstenerse de realizar cualquier acto relacionado con el referido Laboratorio”, declaró Jensen en la denuncia.

Jensen manifestó que el centro se adscribió a la Vicerrectoría de Docencia pues su componente principal, en la fase inicial, es la enseñanza. No obstante, según dijo, el objetivo es que, conforme se desarrolle, se integren también las ramas de Investigación y Acción Social de la universidad.

De acuerdo con Erick Gatgens, el abogado que representa a Jensen en la causa penal, como medida cautelar se solicitó la suspensión del acto administrativo emitido por el Consejo. No obstante, según el jurista, la solicitud no se ha resuelto.

La vicerrectora de Docencia Marlen León afirmó que la fecha límite para demostrarle al BM que el centro está terminado es el próximo 31 de diciembre.

Docencia reporta un avance de la obra del 70%. Para completarlo, hace falta terminar una sección del tercer piso del laboratorio, que se encuentra en obra gris; así como comprar el equipo de ese recinto y capacitar al personal que trabajará en el centro.

Conflicto frenó aprobación de becas

La vicerrectora León dijo que la decisión del Consejo Universitario sobre el laboratorio generó inseguridad jurídica en lo interno de la universidad, por lo que varias unidades académicas frenaron la aprobación de becas para que los profesionales se preparen en el extranjero.

Pese a ello, en el DCLab ya se ejecutan algunas tareas. En una mitad del complejo, se entrena a médicos en cirugía mínimamente invasiva, con el objetivo de que lleguen a los quirófanos con conocimiento de los instrumentos.

“Para mí, el acuerdo que tomó el Consejo es contrario a las obligaciones que la universidad adquirió, y por lo tanto, yo sí tengo el laboratorio en funcionamiento”, afirmó León, quien se declaró en desobediencia de la orden del Consejo.

Lo que no se ha habilitado son las instalaciones destinadas a diagnóstico del cáncer. De acuerdo con la vicerrectora, el borrador del convenio con la CCSS ya está en consulta en la institución autónoma, pero los servicios no se pueden ofrecer hasta que el proyecto esté completo.

Aun así, el rector Hening Jensen dice creer que la institución logrará honrar su compromiso con el Banco.

“Nosotros vamos a continuar lógicamente con el proyecto, y bueno, yo creo que el Consejo Universitario tiene la obligación institucional de responder y cumplir con los requerimientos de este proyecto, y creo que lo vamos a lograr (...). Es que es un acuerdo nulo, es un acuerdo que yo estoy obligado a considerarlo nulo”, afirmó el jerarca.