Un criterio de la Contraloría General de la República contradice la legalidad del reconocimiento retroactivo de ¢21,4 millones que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) le hizo al ministro del ramo, Mauricio Ventura, por concepto de dedicación exclusiva.
El ICT le reconoció al jerarca 23 meses de dedicación exclusiva, beneficio que equivale al 55% del salario base. Así lo hizo luego de suspenderle el pago de otro incentivo salarial, llamado prohibición y que consiste en un 65% del sueldo, porque no cumplía un requisito para ello: estar incorporado a su colegio profesional.
Al darse cuenta de que el ministro incumplía requerimientos, el Instituto de Turismo le pidió devolver ¢3,6 millones con la siguiente lógica: se le pagaron ¢25 millones de manera errónea por prohibición pero, en sustitución, se le reconocen de manera retroactiva ¢21,4 millones por dedicación exclusiva, alegando que para este plus no se requiere de la colegiatura.
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Sin embargo, según la Contraloría, el incentivo salarial al que pueden acceder los ministros y demás jerarcas del Estado es la prohibición creada en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Y por ende, no pueden acceder al régimen de dedicación exclusiva, pues un plus excluye al otro.
"A los jerarcas que están en el (artículo) 14 de la LCCEI (Ley contra la Corrupción) les aplica exclusivamente este régimen, la prohibición, independientemente de si procede o no el pago. En otras palabras, el hecho de que no proceda el pago —por cualquier razón—, no habilita la opción de aplicar el régimen de dedicación exclusiva. Por lo anterior, se cae por sí mismo la opción del pago retroactivo, ya que si no procede el pago por concepto de dedicación exclusiva, mucho menos pensar en rubros anteriores".
Así respondió la tarde de este viernes la Dirección Jurídica de la Contraloría, en términos generales, en un correo electrónico, ante una consulta sobre el tema.
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Tanto la prohibición como la dedicación exclusiva lo que pretenden es impedir que los funcionarios ejerzan sus profesiones liberales. Sin embargo, hay dos diferencias entre estos beneficios. La primera es el porcentaje de compensación (65% frente a 55%).
La segunda es que la prohibición es inherente al cargo e irrenunciable siempre que se cumplan los requisitos; es decir, es obligatoria para jerarcas como ministros y viceministros. El pago de la dedicación, en cambio, se aplica cuando el patrono lo considera necesario y si el funcionario público está de acuerdo. Para ello, se debe firmar un contrato previo.
El órgano contralor agregó que la dedicación exclusiva, en ningún caso, se puede pagar de manera retroactiva: "Para mayor abundamiento, en el supuesto de que un funcionario público ingrese al régimen de dedicación exclusiva —lo cual no es posible si está en la lista del numeral 14 citado—, en fiel cumplimiento de los requisitos del ordenamiento jurídico, el pago procede a partir del momento de la firma de dicho convenio, no siendo posible el pago con carácter retroactivo".
La Contraloría es la encargada de vigilar el buen uso de los recursos de la hacienda pública y, según criterios de la Procuraduría General de la República, es el órgano competente "para emitir criterio prevalente y vinculante a los cargos sujetos a prohibición".
Así lo informó el órgano contralor a la Casa Presidencial en un oficio enviado el 27 de abril.
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Criterio del ICT
El criterio de la Contraloría es antagónico al que emitió el departamento de Recursos Humanos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el 7 de abril, en el cual decidió aplicarle, de manera retroactiva, el incentivo por dedicación exclusiva al ministro Ventura.
El monto a devolver se le notificó a Ventura el 28 de abril, el mismo día en que La Nación dio a conocer el pago irregular de los ¢25 millones, tras un pronunciamiento de la Procuraduría General donde se deja clara la obligatoriedad de estar colegiado.
En un correo enviado a varias empresas turísticas y que circula en Facebook, Mauricio Ventura defiende el pago por dedicación exclusiva que le aplicó el departamento de Recursos Humanos y negó que el monto pagado de más fuera de ¢25 millones, como señaló este medio.
"La carencia de rigor periodístico dio como resultado una nota malintencionada cuya falta de precisión y de investigación periodística, ha generado una desinformación preocupante causada por el amarillismo de un titular falso".
"La periodista no escatimó en realizar cálculos matemáticos absurdos para inflar los números siete veces más de la realidad", escribió Ventura en un derecho de respuesta que también publicaron en Facebook diputados como Emilia Molina, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).
Este medio envió una serie de consultas a Ventura a través de la agencia que maneja la comunicación del ICT; no obstante, a la publicación de este artículo las respuestas no habían llegado.
Mauricio Ventura es uno de los ocho jerarcas del gobierno de Luis Guillermo Solís que en total recibieron ¢189 millones por prohibición a pesar de que no cumplían con los requisitos de ley. En todos los casos, ninguno estaba colegiado.
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