La Contraloría General de la República (CGR) advirtió a los diputados que los gastos administrativos de las municipalidades podrían aumentar hasta en más de ¢90.000 millones este año con el proyecto de ley para liberar las restricciones al gasto en los 82 ayuntamientos.

La entidad fiscalizadora emitió un nuevo pronunciamiento sobre el plan este miércoles, con base en la versión que fue aprobada en primer debate por 41 diputados, el 30 de abril, pese a las objeciones de la propia Contraloría y del Banco Central (BCCR).

La iniciativa, que aún no ha sido sometida a segunda debate, también es rechazada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien señaló que, si la indisciplina fiscal es perjudicial en tiempos normales, lo es más en tiempos de crisis.

En su nuevo informe a los diputados, la Contraloría dijo: “La aplicación de límites menos estrictos (al gasto), como los propuestos en el presente proyecto, podría llevar a un incremento significativo en los gastos administrativos de las municipalidades”.

“Si se utiliza como ejemplo el periodo presupuestario del año 2019, la aplicación de los nuevos límites propuestos hubiese generado un espacio de gasto adicional de ¢90.357 millones, lo que representa un 75% del gasto administrativo total ejecutado durante ese año”, expuso el informe.

No solo dinero

La Contraloría también considera que el proyecto de ley, que liberaría a las municipalidades de la regla fiscal, lesiona el principio de responsabilidad fiscal consagrado en la Constitución Política.

La regla fiscal es un mecanismo, establecido en la reforma fiscal, que le pone un límite al crecimiento del gasto corriente del sector público, lo que incluye salarios, pago de servicios y transferencias, por ejemplo.

En un segundo pronunciamiento negativo sobre el asunto, el ente contralor opina que la iniciativa va en detrimento del artículo 176 de la Carta Magna, el cual dicta que “la gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable” y dice que “en ningún caso, el monto de los gastos presupuestados podrá exceder el de los ingresos probables”.

El texto, bajo el expediente número 21.922, ya fue aprobado en primer debate por los diputados, con el pretexto de que los ayuntamientos están urgidos de recursos para afrontar la crisis económica originada por el covid-19.

Además de eximir a las municipalidades de la regla fiscal, el proyecto también las libra de los topes en sus gastos corrientes y administrativos.

Les permitirá aumentar de un 40% a un 50% el porcentaje de los ingresos ordinarios que pueden destinar a gasto administrativo.

A la vez, autorizará que los ayuntamientos cuadrupliquen el porcentaje de la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles que se destina a gastos administrativos. Se rompe el tope del 10% y se establece hasta un 40% durante los años 2020 y 2021.

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En su primer pronunciamiento sobre una primera versión de la iniciativa de ley, la Contraloría dijo que aunque esta era presentada “como una herramienta para la gestión financiera por el estado de emergencia”, contenía “temas que van más allá de la necesaria atención del acontecimiento".

Dispararía el endeudamiento

Asimismo, la institución, lanza una alerta: aumentaría el endeudamiento en los ayuntamientos, que subió entre 2015 y 2019 en 91,7%, “incluso mayor al observado en el comportamiento de la deuda pública del Gobierno Central durante ese mismo periodo (76,8%)”.

Ese endeudamiento, puntualiza la Contraloría, sería una carga más para las ya deprimidas arcas estatales.

"Los gobiernos locales están posibilitados de suscribir créditos para diversos fines, dando como garantía recursos sobre los cuáles no tienen mayor certeza en cuanto a su efectividad, pues eventualmente los montos efectivamente recaudados por el Ministerio de Hacienda por el impuesto único a los combustibles podrían variar respecto de la estimación inicial.

“Ante un deterioro de las condiciones económicas y la recaudación, como la que se esperaría ante la actual emergencia, la deuda de los gobiernos locales podría constituirse en un pasivo contingente para un Gobierno Central que ya tiene un profundo deterioro financiero”, advirtió la entidad.

En esa misma línea, la Contraloría considera importante analizar el proyecto “de manera integral” en relación con la eficiencia del gasto público.

Según la institución, el límite al gasto corriente que impone la regla fiscal “no implica necesariamente una desmejora para las instituciones, sino que provee un incentivo para que realicen una presupuestación más eficiente y realista de sus gastos”.

Esto último, recalca, es “coincidente con los principios de transparencia, responsabilidad y sostenibilidad de la gestión pública”.

Entre los permisos que establece la ley, por dos años, se avala que los ayuntamientos usen los recursos del superávit libre y específico para garantizar la continuidad de los servicios municipales en los cantones, pero no para nuevas plazas.

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La CGR también llama la atención con respecto a la necesidad de velar por el buen uso de la totalidad del superávit como una fuente de financiamiento, pues este, normalmente, se emplea en gastos de capital.

Emplear todo el superávit al gasto corriente podría ser un riesgo para la prestación de servicios en el futuro, pues se trata de una fuente extraordinaria, reitera.

“Sobre todo considerando la ausencia de límites para su aplicación y de una vinculación obligatoria con los efectos de la pandemia en otras fuentes de ingresos. El incremento de gasto administrativo u otros gastos corrientes podría llevar a adquirir obligaciones de carácter permanente que podrían generar desequilibrios financieros en el futuro en las finanzas municipales”, destaca.

En el caso de las transferencias del Gobierno Central, también se permite que los gobiernos locales puedan usarlos para los servicios municipales de agua, seguridad, gestión de residuos y cementerios, además de gastos administrativos.

Según la Contraloría, también es proponderante vigilar el buen uso de esos dineros, los cuales “corresponden a recursos con destino específico; o sea, con destinos aprobados mediante leyes de la República”.

“En este sentido, es importante considerar la posible afectación que las normas propuestas podrían tener en relación con dichos fines, tanto en términos de la ejecución de proyectos de infraestructura relevantes como en la mejora y continuidad de los servicios, sobre todo considerando que se no se identifican estudios técnicos que permitan visualizar los efectos de la aplicación de las medidas propuestas”, enfatiza.

A esto se suma el hecho de que el proyecto de ley ni siquiera hace una estimación mínima de las reducciones de ingresos que podrían sufrir los ayuntamientos, tanto por la desaceleración económica como por la moratoria de impuestos municipales que el mismo texto plantea, frente a los incrementos de gastos que a la vez permitiría.

Además, reitera la Contraloría en sus dos criterios sobre el texto, tampoco se toma en cuenta que, debido a la emergencia, algunas partidas presupuestarias de las municipalidades ya no serán necesarias, como las destinadas a realizar actividades.

En otras palabras, pretende subir el gasto sin contemplar que existen posibilidades de ahorro.

Presión y más detractores

La aprobación en primer debate del proyecto tuvo una gran presión por parte de 20 alcaldes, quienes el 28 de abril visitaron las instalaciones del Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños, donde estaban sesionando los diputados por la emergencia del coronavirus.

Ese día, los dirigentes locales lograron que los legisladores le dieran trámite rápido a la iniciativa y que dos días después la aprobaran en primer debate.

En la otra acera, el Banco Central se pronunció en contra del texto de ley, al que calificó de perjudicial para la salud de las finanzas públicas, pues se fundamenta en una premisa contraria a la lógica y la intuición económica.

"El razonamiento es que, ante la emergencia sanitaria y la correspondiente caída en la actividad económica y en los ingresos de las municipalidades, lo que procede es aumentar los gastos municipales. Es decir, el proyecto se funda en el argumento de que, en respuesta a la eventual reducción en los ingresos de las municipalidades (…) es preciso aumentar sus gastos. Eso, por supuesto, iría en perjuicio de la salud de las finanzas públicas”, destacó el BCCR en un comunicado.

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Más detalles del proyecto

Sobre la ruptura de los topes al gasto administrativo, el proyecto impide que los recursos se puedan utilizar para la creación de nuevas plazas municipales.

Lo que sí les permite es usar dichos recursos en la prestación de servicios municipales como agua, cementerios, seguridad y gestión de residuos.

Por otra parte, se eximirá a las municipalidades de menor calificación, en el Índice de Gestión Municipal del año 2018 de la Contraloría, de pagar cualquier rubro a Radiográfica Costarricense (Racsa) por la capacitación, implementación y uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

El proyecto original pretendía eximir a las municipalidades de realizar sus compras por el SICOP, pero esa parte se eliminó.

La iniciativa también establece que los municipios no tendrán que transferirle al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda el 1% de lo recaudado por el impuesto de bienes inmuebles, sino la mitad durante dos años: el 2020 y el 2021.

Lo mismo sucede con la obligación de transferirle el 3% a la Junta Administrativa del Registro Nacional de la Propiedad, pues el proyecto reduce esta obligación de cada municipalidad a la mitad, igualmente por dos años.

La iniciativa de ley también autoriza a los bancos públicos a readecuar las deudas de las municipalidades y los concejos municipales de distrito, siempre que demuestren afectación financiera por la pandemia.

‘Son medidas temporales’

Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), reaccionó ante el criterio del órgano contralor.

“Nos genera una duda enorme sobre cómo dimensiona la Contraloría la emergencia y sus consecuencias económicas”, dijo.

Según la vocera de la UNGL, se trata de medidas temporales, la cuales, en su criterio, son indispensables para salir con los gastos municipales.

“Los ingresos de las municipalidades se están reduciendo de forma significativa. Claramente, los gobiernos locales están conscientes de que esto implica una reducción en el gasto, pero que no va a ser suficiente”, agregó.

Porras aseguró que la aprobación de la ley es necesaria para no poner en riesgo la sostenibilidad del servicio y la operación municipal.

“Si no se otorgan herramientas para que las municipalidades puedan reforzar su gestión financiera, no se podrá ayudar al contribuyente”, concluyó.