Política

Préstamo del fondo de avales sí podría usarse para financiar gastos del Gobierno, dice BCIE

Dante Mossi, presidente del organismo multilateral, afirma que Gobierno puede usar los recursos en lo que crea más conveniente

Aunque un préstamo por $270 millones (¢185.000 millones) fue aprobado originalmente por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para crear un fondo de avales, con el propósito de auxiliar a 18.000 empresas golpeadas por la pandemia de coronavirus, el Gobierno sí podría destinar esos recursos para otros fines.

Al menos, no existe ninguna cláusula en el préstamo que lo impida; tampoco hay oposición por parte del Banco. Así lo confirmó el presidente de ese organismo, Dante Mossi, ante consultas de La Nación.

“El fondo de avales es un uso soberano que Costa Rica le ha dado a un apoyo presupuestario del BCIE. Estos son fondos que van destinados al Tesoro de la República y es el Gobierno el que decide el uso adecuado de dichos fondos”, manifestó Mossi.

Fue el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien anunció, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que el Poder Ejecutivo evalúa tomar esos $270 millones para financiar el gasto del Gobierno, en lugar de ejecutar el fondo de avales, mediante el cual las empresas afectadas económicamente por la pandemia podrían tener acceso al crédito para su recuperación.

“Existe la posibilidad de que no lo implementemos”, admitió el ministro en relación con el fondo de avales. Acosta expresó dudas sobre la posibilidad de que los $270 millones resuelvan la recuperación de créditos de los bancos o auxiliar a empresas que sufrieron el impacto de la crisis económica.

En junio pasado, el propio presidente de la República, Rodrigo Chaves, dejó en suspenso la implementación de ese mecanismo de apoyo aprobado por los anteriores diputados, casi dos años después del inicio de la pandemia.

Chaves sostuvo que “se debe evitar esa consecuencia de que el Estado le pase al sector bancario los recursos públicos que le pertenecen a quien paga los impuestos en este país”.

El pasado 20 de julio, el gobernante terminó de cerrarle la puerta al proyecto, pese a la solicitud de los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) de implementar el fondo.

Sobre la posibilidad de que esos recursos se redirijan a cubrir el gasto del Gobierno, el presidente del BCIE manifestó: “Si el Gobierno de Costa Rica lo quiere usar para el fondo de avales, el BCIE no tiene ningún problema; si los quiere usar para otro tema, tampoco, porque realmente este fue un fondo que fue aprobado mediante un paquete de reformas más que todo ambientales y de energías, y que el banco revisó el cumplimiento de estas condiciones. Por lo tanto, el uso o no de esos recursos es una decisión soberana del Gobierno costarricense”.

Para hacer el cambio, el Gobierno debería contar con autorización de la Asamblea Legislativa, pues el redireccionamiento del dinero hacia sus gastos se haría a través de la incorporación de un cambio de fuente de financiamiento de deuda externa barata por deuda interna cara, que deberá ser incorporado al Presupuesto Nacional con el aval de los diputados.

El excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, acudió el martes anterior a la Asamblea Legislativa y cuestionó la intención del Gobierno de destinar a gastos ordinarios los recursos para ayudar a empresas afectadas.

Luego de reunirse con los legisladores liberacionistas, el expresidente de la República (1994-1998) argumentó que la legislación tiene un destino específico para los $270 millones prestados por el BCIE.

“Nos parece que el mejor uso de esos fondos es el que ya se había analizado y aprobado, la creación de avales para las empresas pequeñas, medianas y grandes”, dijo.

La jefa de la bancada liberacionista, Kattia Rivera, también expresó sus dudas sobre las intenciones del Ejecutivo. Manifestó que si bien ya Costa Rica no está en los momentos más críticos de la pandemia, existe una depresión económica internacional de múltiples causas.

“Si la duda de los bancos es que se tome la totalidad de los recursos, se puede hacer una revisión vía reglamento, pero ya es una ley, está aprobada. Si hay que hacer ajustes, se pueden hacer vía reglamento”, insistió.

Rivera apuntó que la crisis sigue afectando al sector privado, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, por lo que enfatizó que, desde el sector público, hay que ver “cómo apoyarlas, porque el sector privado es el que sostiene la producción”.

Por su parte, José María Figueres apuntó que “si el Gobierno quiere hacer algo diferente con ese préstamo, tendrá que venir a la Asamblea”, porque es un “proyecto ya aprobado”.

La bancada verdiblanca es la más numerosa del actual Congreso, con 19 diputados.

No obstante, existen diferentes posiciones. Eli Feinzaig, jefe de bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), dijo compartir “plenamente las dudas del Gobierno. Me parece que fue más un plan planteado para resolver una situación de cobro de los bancos, que para alivianar la situación de las empresas que podían necesitar esas ayudas. En todo caso, el momento ya pasó. Las empresas que necesitaban ayuda hace año y medio o dos años, durante la pandemia, como dijo el ministro de Hacienda, lamentablemente desaparecieron o ya superaron la situación. Algunas ya encontraron un arreglo de pago con el banco”.

El Liberal Progresista cuenta con seis legisladores.

La Ley de Fondo de Avales, cuyo reglamento no se ha publicado, consiste en que el Estado otorgue garantías bancarias a compañías o personas que requieran de créditos para reactivar su producción, con el compromiso de que sostengan el nivel de empleo al momento de solicitar el crédito.

La mitad del programa debe destinarse a productores que tengan menos de 100 empleados.

Los avales equivaldrían hasta un 75% del monto de cada crédito y, para acceder a estas, las compañías deberán tener una calificación buena o aceptable en el récord crediticio antes de la pandemia y una morosidad inferior a los 60 días.

Además, tienen que demostrar haber afrontado problemas de liquidez debido a los efectos económicos de la pandemia. Las garantías estatales responderían ante el banco en caso de impago por parte del deudor.

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