EscucharLa presidenta del Congreso, la oficialista Carolina Hidalgo, presentó una reforma constitucional para que sean públicas las sesiones y votaciones de la Corte Suprema de Justicia en que se discuten los procedimientos disciplinarios de los magistrados.
La reforma también busca que las sanciones puedan ser aprobadas por mayoría simple (mitad más uno). Actualmente, en cambio, la votación es secreta y las sanciones requieren de mayoría calificada (dos terceras partes) para tornarse efectivas.
Hidalgo propone una reforma al artículo 165 de la Constitución Política.
“Está claro que, en el contexto actual, la norma constitucional mencionada se encuentra desfasada y requiere de una modificación para ajustarse a los requerimientos modernos de transparencia y rendición de cuentas, principios propios de un sistema democrático", se explica en el proyecto de ley.
Con este proyecto de ley, Hidalgo responde a la recomendación de 10 magistrados que enviaron una carta a su despacho, este fin de semana, para que se impulse la reforma constitucional necesaria para eliminar el secreto de las votaciones.
Esa gestión no fue bien recibida por otros altos jueces, quienes consideraron que debieron consultar primero al resto de los miembros de Corte. Finalmente, todos acordaron este lunes enviar la misma solicitud.
La propuesta surge luego de la Corte Plena rechazara suspender a cuatro magistrados de la Sala III, por la desestimación de la causa contra los exdiputados Otto Guevara, Víctor Morales Zapata y Wálter Céspedes, por el caso del cemento chino.
En su lugar, la Corte acordó una amonestación por escrito.
Uno de los amonestados fue el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, quien se acogió a su jubilación, este lunes.
Esta es la segunda propuesta de ley que se estudiará para que las votaciones sean públicas. En la mañana, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) también presentó una iniciativa que contiene este cambio y otras tres más, lo que amplía su discusión.
El proyecto de la Unidad también busca eliminar la reelección automática de magistrados y reducir el plazo de nombramiento de ocho a cinco años; además de permitir una sola reelección por un mismo periodo.
Además, el PUSC propone que los candidatos a magistrados no tengan relación de consaguinidad hasta tercer grado de altos jerarcas del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa; y que los magistrados suplentes sean electos por medio de un concurso abierto en la Asamblea Legislativa y no a partir de propuestas enviadas por los magistrados propietarios al Congreso.
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