Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, aseguró que el gobierno respeta los recortes que le hicieron los diputados al proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2019.
El jerarca dijo que Casa Presidencial es consciente de que la aprobación del plan requiere de la consolidación de una mayoría de legisladores, y de que ellos tienen la potestad de hacer los cambios que estimen necesarios.
“Respetamos esa decisión de una mayoría en la Asamblea Legislativa. La propuesta de presupuesto es el plan de acción del gobierno, pero el gobierno también entiende que es propio de la división de poderes, en un sistema democrático, que el parlamento pueda hacerle ajustes al proyecto de presupuesto”, manifestó Piza en conferencia de prensa.
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El proyecto de ley de presupuesto para el próximo año está en el plenario legislativo, a la espera de que los legisladores lo voten.
El plan de gastos llegó a dicha instancia con recortes por ¢15.000 millones que aplicaron los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se sometió a modificación la propuesta que envió el Poder Ejecutivo.
Las reducciones específicas se dieron en las partidas para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la Dirección de Migración y Extranjería, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otras, de la siguiente forma:
-¢10.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
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-¢2.000 millones de la partida de control migratorio y atención a personas en condición de vulnerabilidad y para documentación de migrantes.
-¢1.500 millones del programa para el control del trabajo y sus efectos nocivos en la salud.
-¢1.390 millones de los partidas para compra de carros en varios departamentos del Poder Judicial.
-¢8,7 millones de la partida para servicios de monitoreo de medios para la Presidencia de la República.
Piza aseguró que dichos recortes, al parecer, “no afectan en lo sustancial la acción del gobierno”.
“Y por supuesto que siempre queda abierta la opción, en casos en que haya una situación necesaria, de proceder a algún pequeño ajuste extraordinario”, señaló el ministro.
El monto total del plan de gastos para el próximo año asciende a ¢10,9 billones. El Ministerio de Hacienda logró que los gastos generales de las instituciones solo crecieran un 1% con respecto al 2018, pero el pago de la deuda sí aumenta un 17% en relación con el presupuesto en ejecución.
De hecho, los ¢15.000 millones que se recortaron a las instituciones serán destinados al pago de deuda. El monto es equivalente a la cantidad de dinero que las universidades presupuestaron para pagar el crecimiento de sus remuneraciones.
Si se excluyen el pago de la deuda y las pensiones, el decrecimiento del Presupuesto es de un 0,8%. En ese documento incluyen los planes de gastos de la Presidencia de la República, 18 ministerios, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones.
Por mandato de ley, el Presupuesto deberá quedar ratificado antes del 30 de noviembre.