La bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) celebró el avance del proyecto de Ley Marco al Empleo Público, luego de que la Sala IV no encontrara vicios de inconstitucionalidad en la iniciativa aprobada en primer debate el 7 de diciembre del 2021.
“Hemos recibido la información de que, finalmente, la Sala Constitucional no ha encontrado vicios de fondo, ni de procedimiento. Para la fracción de Liberación Nacional, este es un paso relevante dentro del trámite de este proyecto de ley que cuenta con el respaldo de la mayoría de legisladores de nuestra fracción”, expresó la jefa de bancada de 17 diputados, María José Corrales.
Según ella, es importante que exista un “ordenamiento” en el empleo público el cual considere derechos adquiridos de los actuales funcionarios y que permita una transición hacia el salario global.
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“Con esto (el fallo de la Sala IV), el proyecto estaría listo para ser votado en segundo debate en el plenario legislativo, cuando se reciba la resolución completa de los señores magistrados”, dijo.
El proyecto de reforma al empleo público crea el salario global en el Estado, con lo que se sustituiría el esquema actual de salario compuesto, que consiste en una base más pluses.
La reforma fue aprobada en primer debate por 36 diputados luego de recibir ajustes que limitan el alcance de la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán).
Esta rectoría no tocaría a los poderes Legislativo y Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), municipalidades, universidades públicas y Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), excepto en lo relativo a los puestos comunes entre instituciones.
La Sala declaró inevacuables dos consultas. Una que presentó el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados reclaman que el plan sí afecta el funcionamiento e independencia del Poder Judicial. Otra consulta la presentaron 20 legisladores quienes apoyan la reforma y pedían resolver si el plan requiere mayoría calificada (38 votos) para ser aprobado en segundo debate.
La Sala IV sí dio respuesta a otra consulta que lideró el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quien alegó que la reforma es inconstitucional pues, según él, se violentó el principio de publicidad de la enmienda que se le hizo al texto en la comisión de Consultas de Constitucionalidad. Los magistrados declararon que no hubo ninguna violación.
Asimismo, por mayoría, la Sala resolvió que tampoco hubo lesiones a los derechos de enmienda y participación democrática.