EscucharLa Sala IV resolvió este martes que el proyecto de ley para legalizar la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial no contiene ningún vicio de inconstitucionalidad, ni de forma ni de trámite, por lo que dio luz verde a que continúe su avance en la Asamblea Legislativa.
La comunicación oficial del tribunal constitucional llegó a las 5:01 p. m., cuando ya otros medios habían anunciado la decisión en redes sociales. Diputados de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) e independientes celebraron el fallo.
La decisión de los magistrados se dio por una decisión unánime y generó que los liberacionistas Karine Niño y Roberto Thompson; el frenteamplista José María Villalta, la independiente Zoila Volio y el socialcristiano Erwen Masís exigieran, desde el plenario, que el Poder Ejecutivo convoque la iniciativa para las sesiones extraordinarias del Congreso.
Ante la resolución, el Poder Ejecutivo incluyó de forma inmediata esta iniciativa en la agenda del Congreso.
“Instamos a la Asamblea Legislativa a continuar con la aprobación del proyecto de empleo público, así como con otras iniciativas que son fundamentales para el país, tanto en materia de reactivación económica como de consolidación de la ruta fiscal, las cuales se encuentran en el plenario legislativo”, dijo Geannina Dinarte Romero, ministra de Presidencia.
A las 5:33 p. m., la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, confirmó la llegada de la convocatoria del expediente 21.388, sobre cannabis medicinal.
El plan se centra en autorizar la producción de las plantas de cannabis, tanto las que tienen alto contenido de tetrahidrocannabinol (THC), para uso medicinal y terapéutico, como las que tienen bajo THC, como el cáñamo, de múltiples usos industriales.
Para la producción de cannabis y cáñamo, los productores deberán registrarse ante el Estado y brindar información a las autoridades sobre sus actividades lucrativas.
La regulación del mercado del cáñamo estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mientras que Salud se encargará del cannabis para uso medicinal y terapéutico.
Salud, Agricultura y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tendrán potestades de inspección y fiscalización periódicas sobre los productores y desarrolladores de derivados del cannabis y el cáñamo.
El proyecto plantea la autorización de los productores para vender materia prima de cannabis medicinal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a laboratorios autorizados para el desarrollo de los medicamentos necesarios.
El Poder Ejecutivo tendrá la potestad para regular y limitar el número de licencias que podrán otorgarse para el cultivo y producción de las plantas; además, le corresponderá establecer limitaciones temporales y definir las áreas totales de siembra y los sectores del territorio nacional donde se permiten estas actividades.
Las personas físicas y jurídicas que soliciten una licencia para producir estos cultivos deberán estar inscritos ante la CCSS y tener una póliza de riesgos.
Además, se deberá brindar una descripción detallada del proyecto productivo que se pretende desarrollar y sus fuentes de financiamiento, las cuales deberán ser corroboradas como lícitas.
Quienes tengan antecedentes penales por delitos relacionados con la venta ilegal de drogas, legitimación de capitales o financiamiento de terrorismo, no podrán acceder a una licencia.
El plan también autoriza a la Caja y a las universidades públicas y privadas a realizar investigaciones y a producir medicamentos y productos de uso terapéutico utilizando cannabis psicoactivo, sus extractos y derivados.
La CCSS también podrá incluir los medicamentos y productos de uso terapéutico con cannabinoides en sus listas de medicamentos y a entregarlos a las personas aseguradas; además, tanto esta institución como el centro de salud tratante emitirán un carné que permita a las autoridades identificar los pacientes con autorización para consumir cannabis.
El plan autoriza a los pacientes que cuenten con la debida prescripción médica para que realicen el cultivo doméstico de plantas de cannabis psicoactivo, para ser utilizadas exclusivamente con fines médicos o terapéuticos.
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